Luis García
5 de septiembre de 2013 / 01:25 a.m.

 

Monterrey.- • La investigación de la masacre que conmocionó a Nuevo León el 14 de mayo del 2012 será desempolvada al suscribir la PGR un convenio con instancias nacionales e internacionales, para reanudar las pesquisas.

Ese día, el estado amaneció con la noticia del hallazgo de 49 torsos en la entrada al poblado de San Juan, municipio de Cadereyta Jiménez, que a la fecha sigue sin esclarecerse a plena satisfacción.

No obstante, la Procuraduría General de la República firmó hace unos días un acuerdo para identificar los restos localizados en este punto, además de los detectados en varias fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.

Dicho acuerdo apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De él se desprende que en el esclarecimiento de los crímenes e identificación de los cuerpos participaran entes como el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador, Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

La Casa del Migrante de Saltillo, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Voces Mesoamericanas, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y el Foro Nacional para la Migración en Honduras también se sumaran a la investigación.

Para este trabajo se creará una comisión forense, integrada por expertos en la materia designados por la PGR y un grupo alterno con conocimientos de antropología, genética, patología y medicina, elegidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

“Tomar muestras, de conformidad con el calendario acordado y establecido por la Secretaría Técnica, para ser sometidas a análisis genéticos con fines exclusivamente identificatorios, recolectar información ante mortem, antecedentes y demás información que se requiera de los familiares que así lo soliciten, relacionados con los casos materia de este convenio”, establece el acuerdo.

Los resultados de los análisis practicados a los restos mortales serán comparados con las bases de datos de las asociaciones.

El convenio vence el 22 de agosto del 2014, con posibilidad de renovarlo si las partes así lo acuerdan.

La Procuraduría de Justicia en el Estado ha advertido en varias ocasiones que los cuerpos pertenecen a personas oriundas de otros países, principalmente migrantes que habrían sido capturados por integrantes de la delincuencia organizada.