27 de mayo de 2013 / 12:55 p.m.

Monterrey  • La Alianza de Usuarios del Transporte Urbano exhibió a la familia Martínez Chavarría como la principal accionista de la empresa Enlaces Inteligentes, encargada del servicio de la tarjeta Feria en los camiones.

Durante la mesa de Cambios, que conduce el arquitecto Héctor Benavides, celebrada ayer, Arnulfo Vigil, integrante del movimiento, mostró el acta constitutiva de la compañía, creada ex profeso para el cobro electrónico en las unidades de transporte urbano, y que hasta el momento no ha terminado por penetrar entre los usuarios.

El activista indicó que los propietarios del grupo Transregio, junto con la CTM, controlan este sistema, que de acuerdo con cifras oficiales, utiliza apenas 30 por ciento de las personas que se desplazan en camiones.

“Eso está muy transparente, son en mayor parte los Martínez Chavarría, están en el Consejo de Administración, aquí están los nombres y aquí está el acta…fundamentalmente los Martínez Chavarría…está Lazcano con un poquito (de participación), que usa tarjeta Feria, pero sus unidades son óptimas”, sostuvo.

Explicó que este grupo empresarial reúne a casi la mitad de los prestadores del servicio, pues cuenta con más de dos mil unidades.

Los participantes en el programa presentaron distintos argumentos sobre la problemática del transporte urbano, entre ellos, el especialista en el tema Sergio Joel Vargas, que destacó el grado de nocividad que representa para el servicio la “doble cachucha” de la CTM.

Cuestionó que la central obrera aparezca como permisionaria y, a la vez, como representante de los trabajadores del volante.

“Definitivamente que sí, ha influido para mal, yo creo que también aquí lo que nos ha faltado es que la autoridad tome cartas en el asunto y haga ya las cosas como deben de ser…le tienen miedo a las centrales”, consideró.

Vargas advirtió que si el estado no pone un remedio a la brevedad posible a las deficiencias del transporte, esta problemática se extenderá muchos años más en perjuicio de los usuarios, por lo que planteó una reestructuración.

Mario Jurado, investigador del Colegio de la Frontera Norte, puntualizó que un trabajador con ingresos estimados en dos mil pesos al mes gasta 30 por ciento de su salario en camiones, lo que agrava aún más la crisis.

En un escenario donde la situación no mejora, los participantes de la mesa de análisis pugnaron porque el estado requise los permisos concedidos a las empresas y reestructure la prestación del servicio con el ánimo de mejorar las condiciones.

Luis García