23 de julio de 2013 / 08:42 p.m.

Aguascalientes • El juez tercero de lo Penal, Yuri Berthaud Reyes, dictó auto de formal prisión en contra de los ex funcionarios David Cisneros Castro, Jaime Santos Landín y Miguel Marín Bosque.

Lo anterior, por la posible comisión de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Estos servidores públicos se desempeñaron durante la administración estatal de Luis Armando Reynoso Femat.

Cisneros Castro fue subsecretario de Promoción y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), mientras que Santos Landín ocupó el cargo de director general Jurídico de la Secretaría de Gestión e Innovación del Estado y Marín Bosque se desempeñó como director de Normatividad de la Secretaría de Finanzas.

El juez les dictó auto de formal prisión por su presunta participación en la donación "ilegal" de terrenos, por parte del Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes en la pasada administración estatal, hecho que causó un perjuicio por un monto superior a los 18 millones de pesos a las arcas del estado.

Dentro del término procesal ampliado, que vence este martes, el enjuiciador consideró que existen en el expediente de los implicados elementos suficientes para procesarlos penalmente, por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Sostuvo que los involucrados utilizaron al Centro de Investigación y Docencia Económica de Aguascalientes (CIDE) como distractor, beneficiando con terrenos propiedad de estado a empresas particulares de "dudosa existencia", de las cuales no se precisó dato alguno.

Cabe destacar que desde su detención, la semana pasada, hasta la fecha, los demandados se han reservado su derecho a declarar y pidieron desde entonces al juez que les ampliara el término constitucional otras 72 horas, para ofrecer pruebas en su defensa, mismas que a criterio del juez no fueron suficientes para conseguir su libertad.

Los ahora internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes fueron llamados a la ventanilla de prácticas, a donde acudieron con el uniforme del centro penitenciario, con el corte de cabello a rapa y les fue notificado el respectivo auto de formal prisión.

El Código Penal del estado señala en su artículo 174 que el peculado consiste en la distracción que haga el servidor público, para usos propios o ajenos de dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado o a un municipio, así como a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa.

La norma añade que se le aplicará de uno a ocho años de prisión, de 25 a 300 días multa y destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro.

Cabe recordar que la víspera se dictó auto de formal prisión al notario número 35, Fernando Quezada Leos, por encubrimiento, y también se detuvo al director de Nafinsa, Benjamín Salas, este último puesto en libertad por falta de elementos para acreditarle la conducta delictiva.

Hasta el momento ninguno de los procesados ha solicitado que se le fije una fianza para enfrentar su proceso en libertad, incluso Fernando Quezada expresamente le solicitó al juez que ésta no le fuera fijada.

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