20 de junio de 2013 / 10:09 p.m.

Nayarit • La improcedencia del juicio político en contra del ex gobernador priista de Nayarit, Ney González Sánchez, por presunta malversación de recursos estatales y federales por mil 200 millones de pesos dictaminado por la Cámara de Diputados, ha provocado inconformidades entre la clase política opositora y cibernautas en las redes sociales.

La demanda que fue presentada el 25 de junio de 2012 por el diputado local panista Leopoldo Domínguez González, respaldada por ciudadanos y por el PRD, a consideración de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no fue sustentada, solo basada en hechos abstractos y no reales.

Con votos en contra por parte de los diputados del PRI, mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Jocelyn Fernández, Armando García, Fernando Ornelas, Pedro Tello, el perredista Miguel Ángel Arce Montiel, el panista Rafael Valenzuela Armas y el diputado independiente Antonio Serrano Guzmán, fue desechada la demanda.

Las presuntas irregularidades financieras que señalaba el denunciante, no fueron acreditadas, por lo cual carecen de valor probatorio y van dirigidas en contra de ex funcionarios públicos.

El argumento que presentó el diputado panista Leopoldo Domínguez González, con base en las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se detectaron malversaciones y desviaciones de recursos por el orden de mil 200 millones de pesos, que incluyen recursos federales y estatales, principalmente en la Secretaría de Salud.

Se buscaba la inhabilitación del ex gobernador Ney González para ocupar un cargo público durante 20 años.

En las redes sociales, el cibernauta Pablo Vargas publicó en su perfil la fotografía de los diputados priistas que votaron en contra del juicio político, acusándolos de defender solo intereses partidistas y no los del pueblo que pedían justicia.

Decenas de ciudadanos criticaron el actuar de los representantes populares al señalarlos de defraudar la confianza de los nayaritas.

La dirigencia estatal del PAN reprobó que el Congreso local haya desechado el juicio político contra el ex gobernador.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Ramón Cambero Pérez dijo que hay dos Nayarit, el de acusar a Ney González y el de mandarlo a indultar.

Acusó el dirigente a los diputados priistas de "tapadera", de lo cual "ayer se confirmó esta premisa, a diferencia de lo sucedido en Tabasco, donde sí se inició un juicio, a diferencia del estado de Nayarit".

Debido proceso

Ante las reacciones en redes sociales y de la oposición, el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso estatal, José Antonio Serrano Guzmán, explicó que conforme a la Constitución Política de Nayarit, leyes y reglamentos, en los casos de juicios políticos y otros especiales, la comisión que preside no actúa como comisión legislativa, sino en carácter de juzgadora, es decir, de manera jurisdiccional, esto es aplicar la ley al caso concreto.

"El actuar es de estricto derecho. Debemos observar una conducta eminentemente imparcial y dejar actuar a las partes en una plena libertad procesal y jurídica y en igualdad de condiciones al que acusa y al acusado".

Serrano Guzmán dijo además que como es exigible, "nos apegamos a los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso. Y como es de estricto derecho al principio de que el que acusa está obligado a probar, en el caso que nos ocupa el promovente, como parte acusadora, basó su acusación fundamentalmente en las pruebas documentales incorporando diversos dictámenes a las cuentas públicas realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior".

Sin embargo, estas documentales fueron ofrecidas en copias simples y no en copias certificadas. En ese sentido, carecen de valor probatorio y resultan ineficaces para el alcance planteado por el promovente.

Aunado a esto, agregó, no solicitó el cotejo con las documentales originales ni mucho menos señaló el archivo donde se encontraban las originales. Todo profesional del derecho conoce que estos son errores técnicos que un asunto de estricto derecho no se puede salvar de oficio.

Sin prueba válida alguna, el proceso se convirtió en un catálogo de suposiciones fácticas, por lo tanto, carente de bases jurídicas y probatorias. "Mi voto, no fue a favor de Ney González Sánchez, sino a favor del derecho", afirmó..

El legislador lamentó que la prisa por el protagonismo político haya conducido a resultados no deseados.

En tanto, el secretario de la Contraloría General de Nayarit, Roy Rubio Salazar, dijo que en el gobierno estatal no se permiten injusticias ni impunidad, “vamos a llegar hasta el fondo de las investigaciones del sexenio pasado.

"No es un asunto político y los partidos deben estar al margen, nuestro compromiso es con la gente de Nayarit y con la verdad, esto aún no termina, todo apegado a derecho y nadie por encima de la ley".

En tanto, la Contraloría General estatal mantiene auditorias e investigaciones en contra de 27 ex funcionarios de la administración de Ney González, por presuntas malversaciones de recursos.

SALVADOR ARELLANO MURILLO