ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN
17 de mayo de 2013 / 02:17 a.m.

Chilpancingo de los Bravo • Al menos 400 familias de Hutizuco, Atenango y Copalillo reclamaron la detención de una familia de defraudadores, que durante seis años se apropiaron de más de 20 millones de pesos depositados por indígenas que emigraron hacia los Estados Unidos.

Denisse Guzmán Toledo, abogada de las familias afectadas señaló que el daño económico hacia las familias de comunidades ubicadas en estos tres municipios de la Zona Norte, se comenzó a fraguar de 1998 al año 2004.

Comentó que la señora Elvia Lavín García y su esposo tenían una empresa denominada Orlando Baluta, que se dedicaba a recibir los envíos de dólares hechos por personas radicadas en Estados Unidos hacia sus familias, con la intención de que se apoyaran por ser de escasos recursos.

Los perjudicados habitan en localidades como Tlalcozotitlán, Oztutla y Los Peperuches, en donde la población tiene pocas expectativas de desarrollo y por esa razón tienen como opción tratar de pasar hacia EU.

“La familia de la señora Elvia Lavín se daba cuenta de la dimensión de las remesas, por eso hicieron la propuesta de que crear una financiera y ofrecieron pagar el 2 por ciento a las familias porque depositaran con ellos su dinero; al principio la gente les dio el recurso y vio que efectivamente, les daban el monto del interés, pero nunca recibieron el capital”.

Para alentar más la aportación de las familias, la señora Lavín y familia ofreció el 4 por ciento, lo que generó la respuesta esperada.

Pero en 2004 la señora Lavín García se fue de Huitzuco, aunque desde 1998 su familia compró una gran cantidad de propiedades en Huitzuco y sus alrededores.

No obstante, su hijo Oscar Javier Nájera Lavín y su tío, Rogelio Nájera Tavira dijeron a los afectados que harían frente al problema y que pagarían el recurso.

En 2009, tras firmar pagarés a los afectados los representantes de la empresa dijeron que siempre no tenían recursos para pagar y se fueron del municipio.

Aunque a Oscar García Lavín no lo ubican, saben que tiene familia en Acapulco y que atiende una financiera similar a la que despojó de su dinero a más de 400 familias, por eso la abogada Guzmán Toledo solicitó que se les aperciba para que den a conocer el paradero de la señora Elvia, su esposo e hijo.

Denunció que la ex procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal intentó manipular las denuncias para favorecer a los defraudadores, pero la intervención del gobernador la obligó a rectificar.

Ahora espera que la denuncia promovida por la vía penal sirva para que los acusados regresen y devuelvan el recurso que reclaman las familias afectadas, ya que todas ellas viven en condiciones de pobreza.