6 de mayo de 2013 / 01:20 p.m.

 Los delincuentes que se acogieron al programa de testigos protegidos el sexenio pasado pueden demandar la nulidad de sus declaraciones y con ello invalidar sus procesos penales en México, debido a que la Procuraduría General de la República “violó sus derechos humanos”.

Uno de estos casos es el del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, a quien la administración pasada le dio el nombre clave de Mateo y que hoy vive en Houston, Texas, bajo el resguardo de Estados Unidos.

En una diligencia del pasado 18 de abril, la juez segundo de distrito de procesos penales federales en Nayarit, Laura Serrano, detectó que no hay constancias ministeriales que demuestren que a esta persona se le hayan leído sus derechos luego de ser detenido en septiembre de 2010.

La violación al debido proceso se descubrió en el juicio que se sigue por el presunto delito de delincuencia organizada imputado al ex secretario de Seguridad Pública de Morelos Luis Ángel Cabeza de Vaca.

A través de una videoconferencia, el agente del Ministerio Público federal presentó a la juez a “Sergio Villarreal Barragán”, para que ampliara su declaración contra el ex funcionario morelense.

Por lo que la defensa del ex jefe policiaco le preguntó a El Grande si le fueron leídos sus derechos antes de rendir su declaración en la averiguación previa.

Con ello hizo ver al agente ministerial que si en verdad se trataba de un testigo protegido, nunca tuvo porque ofrecer su nombre y debió presentarlo como Mateo. El argumentó fue avalado por la juzgadora.

Cabe recordar que al desde el inicio de la presente administración las autoridades federales tienen la obligación de leer a los detenidos sus derechos, o de lo contrario pueden poner en riesgo el debido proceso.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, dijo que todos los afectados por procesos indebidos de la PGR mediante la utilización de testigos protegidos podrán ampararse a la ley de víctimas recién aprobada, con lo que podrán no solo resarcir su buen nombre, sino recibir los beneficios de este ordenamiento.

— RUBÉN MOSSO Y ANGÉLICA MERCADO