Denuncia comerciante demolición de área en Central de Autobuses

  

Monterrey.- Un comerciante de la Central de Autobuses denunció públicamente la violación a una orden judicial de amparo cometida por autoridades municipales, estatal y directivos de la terminal terrestre, pues demolieron un área que estaba ya bajo la protección de la Justicia Federal.

Tomas de la Peña Salazar había interpuesto este juicio de amparo indirecto contra la orden de demolición girada por las autoridades correspondientes el 29 de julio de 2013, en el expediente 1352/2013 del Juzgado segundo en Materia Administrativa del Estado, según explicó su abogado Francisco Ibarra Barrón.

"En dicho amparo se concedió la suspensión provisional y, posteriormente, en fecha 4 de septiembre de este año 2013, se concedió la definitiva para el efecto de que no se ejecutara la orden de demolición", explicó el litigante.

El amparo ordenaba que no se respetara el local comercial número 15 del primer piso, sección 3, de antiguo edificio de la Central de Autobuses, dado que De la Peña Salazar tiene un contrato de arrendamiento válido por cien años.

En los hechos, además de personal de la Central de Autobuses, participaron elementos de Protección Civil del Estado y de la Policía Regia, por lo que se presentó además una denuncia penal por despojo de inmueble y por la desaparición de mercancía valuada en poco más de 300 mil pesos.

Ésta se interpuso ante el Agente del Ministerio Público número 2, especializado en Despojo de Inmueble, donde quedó bajo el expediente 111/2013-DII-3, dijo Ibarra Barrón.

"Los empleados de la Central de Autobuses y personal de Protección Civil del Estado, apoyados por uniformados de la Policía Municipal de Monterrey, tomaron el local del señor De la Peña Salazar y con lujo de violencia y con palabras altisonantes amedrentaron a los empleados que cubrían el turno de día en el negocio, donde vendían refrescos de distintas marcas, revistas, periódico, frituras y otros comestibles", dijo el abogado.

En local de De la Peña Salazar daba trabajo a ocho familias que por ahora se quedaron sin sustento, dado la violación a la orden judicial de amparo que tenía.

"Mi cliente sólo pide que lo indemnicen, le paguen su mercancía y le respeten el derecho de arrendamiento que tiene firmado, con otro local en la Central", explicó el abogado.

Francisco Zúñiga Esquivel