Denuncia impunidad de autoridades de justicia
El obispo Raúl Vera López señaló que es mayor la acción por parte de las organizaciones civiles como Cadhac, que la labor de investigación de las corporaciones policiacas.
Monterrey.- ? Si en Nuevo León se ha avanzado en la tipificación de la desaparición forzada como un delito, es porque las organizaciones civiles han trabajado en ello mientras que es nulo el trabajo de las autoridades, consideró el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
El sacerdote estuvo presente en la colonia Tierra y Libertad donde tras una conferencia, mencionó ante los medios de comunicación que la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac) ha tenido más participación en este sentido.
Señaló que los avances en el Código Penal del Estado al tipificar la desaparición forzada como un delito cometido por un servidor público o autoridad son significativos sobre todo para las familias.
Así mismo celebró que con estas acciones hayan logrado una atención más rápida para las familias de los desaparecidos y el establecimiento de mecanismos de búsqueda.
"También están impulsando una atención más precisa de parte de las autoridades a los desaparecidos, una actuación más inmediata para que se salve a las personas, también en esto está influyendo la sociedad civil para que haya protocolos, mecanismos para esto", mencionó.
A su consideración, las autoridades estatales en la República no han trabajado al respecto.
"Es que no se ha hecho nada, todo el sexenio anterior no hubo procuración de justicia, esto es un descaro", señaló.
La falta de información precisa del tema de desaparición forzada quedó en evidencia hace algunos días cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acreditó 10 casos de desapariciones forzadas en cinco municipios de Nuevo León, mientras que Cadhac tiene registrados alrededor de 250.
El problema de desaparición forzada se agudizó en el periodo 2010 a 2012 de acuerdo a las organizaciones civiles que se han encargado de apoyar a las familias.
En diciembre del año pasado, gracias a una iniciativa ciudadana el Gobierno del Estado aprobó la reforma al Código Penal del Estado luego de varios años de pugnar por ello.
.- SANDRA GONZÁLEZ
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