Francisco Zúñiga 
24 de julio de 2013 / 12:32 a.m.

 

Monterrey.-  • Elementos de Tránsito despedidos por no aprobar las pruebas de confianza, denunciaron que el municipio de Monterrey se niega a pagarles una indemnización conforme a su antigüedad, y los ha engañado con el procedimiento, para evitar que prospere la demanda.

Sergio García, quien tenía 21 años de servicio, señaló que en febrero pasado fueron suspendidos, y les aseguraron que serían reubicados en otra área municipal, pero luego de varias semanas de espera, terminaron por decirles que debían demandar.

"Nos dijeron unas horas antes de que venciera el plazo que teníamos para presentar la demanda. En el tiempo que esperamos, muchos abogados se nos acercaron, y siempre nos negamos, porque creímos en la sinceridad del jefe de personal".

Citó a una persona de nombre Esaú y otro de apellido Yáñez, como quienes se encargaron de llevar el proceso de despido por parte del municipio.

Sergio Álvarez, Luis Ríos, un oficial de apellidos Peña de León, y él, son los cuatro ex elementos que ahora pelean para evitar lo que consideran una injusticia.

Explicó que apelaron a un abogado de nombre Francisco Márquez, quien hizo un convenio con el municipio que al final los perjudicó.

"No quieren dar mucho menos de lo que nos corresponde, todos estábamos con 21 años de servicio, a un paso de poder ser comandantes, y nos dejaron sin nada".

En la demanda que presentaron, "nosotros pedimos una reubicación, el finiquito total, o en mi caso, una pensión, ya que yo tengo una enfermedad, tengo insuficiencia renal".

Los ex oficiales acudieron al Palacio Municipal para entrevistarse con el jefe de personal, pero al igual que otras ocasiones, dijeron, no los recibió.

Aclaró que en principio eran cinco los elementos que despidieron juntos, pero uno de ellos presentó la demanda por su cuenta, y el abogado que traía ganó el caso, y le pagaron desde salarios caídos hasta la indemnización conforme a la ley".

Luego del fraude que les cometió su abogado, han querido cambiar con otro litigante, pero todos se niegan, argumentando que el caso está perdido, porque no se presentaron adecuadamente los protocolos, y además, porque está "arreglado" con el municipio.