4 de abril de 2013 / 12:24 a.m.

Oaxaca • En Oaxaca, una decena de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, demandaron una acción urgente y medidas cautelares del gobierno federal a favor de los representantes de radios comunitarias en la zonas del Istmo de Tehuantepec, que se quejan de una ola de represión por parte de los cuerpos de seguridad estatal.

Los firmantes también piden ampliar las medidas de apremio a diferentes representantes de organizaciones que se oponen a proyectos eólicos, al considerar que solo hacen valer su derecho de libre expresión para defender su territorio.

Los organismos denunciaron el acoso y detención arbitraria que sufrieron este miércoles representantes de las radios comunitarias, entre ellos Mariano López Gómez, activista del denominado movimiento en Defensa de la Tierra, y Carlos Sánchez, de radio Totopo.

Precisan que Mariano López Gómez fue detenido por elementos del Ejército mexicano en Juchitán y trasladado al juzgado de Garantía del mismo lugar, donde fue internado en el penal de Tehuantepec, acusado de presuntos delitos federales, mientras que Carlos Sánchez logró evadirse.

López Gómez es acusado de extorsión, y Carlos Sánchez López, coordinador de Radio Totopo, cuenta con una orden de captura por estar presuntamente involucrado en los delitos de privación ilegal de la libertad y ataques a las vías generales de comunicación.

En una carta enviada al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se demanda investigar la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, que con apoyo de jueces locales que han librado diversas órdenes de aprehensión, las han ejecutado contra los activistas.

Los inconformes exigen que se brinden condiciones de seguridad para el trabajo de las organizaciones sociales perseguidas, el cual es a favor del respeto a los derechos humanos.

Refieren también que con uso de violencia, fue allanado por desconocidos el domicilio del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC, para sustraer y robar material del organismo.

En tanto, el subprocurador de Justicia, Ernesto López Saure, informó que hay una investigación para identificar tales acciones, mismas que están en poder de la Fiscalía de la Investigación de Delitos de TrascendenciaSocial de la PGJE y la Policía Federal.

ÓSCAR RODRÍGUEZ