EUGENIA JIMÉNEZ
4 de mayo de 2013 / 12:39 a.m.

Ciudad de México • Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que con las modificaciones constitucionales al arraigo, los legisladores buscan pasar de forma inadvertida una reforma que tendrá serias repercusiones sobre la vigencia de los derechos humanos en México.

Y explicaron que se permitirá al Ministerio Público retener hasta por siete días a presuntos responsables del ilícito de delincuencia organizada y hasta por cinco días a presuntos responsables de otros delitos graves, sin que se les lleve a comparecer ante el juez.

En la actualidad, la retención tiene una duración de dos a cuatro días y consiste en una etapa que "fomenta y facilita las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades ministeriales, tales como la fabricación de pruebas y los malos tratos, incluida la tortura".

Resulta preocupante que las y los legisladores no solamente no atendieran las recomendaciones internacionales, sino que además dejaran a las víctimas sin la posibilidad de una reparación integral por la destrucción de su reputación, vínculos familiares, empleo, salud, entre otros daños que ocasiona la aplicación del arraigo.

OSC como Asociación para la Prevención de la Tortura, Casa del Migrante Saltillo, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O. P Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Jurídico para los Derechos Humanos y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos entre otras, fijaron su posición en el tema.

Consideraron que las y los legisladores sostienen erróneamente que la reforma es un "avance" porque se tiene mayor “control” de esta figura y con ello se debería satisfacer a las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales.

Y señalaron que resulta preocupante que las y los legisladores no solamente no atendieran las recomendaciones internacionales, sino que además dejaran a las víctimas sin la posibilidad de una reparación integral por la destrucción de su reputación, vínculos familiares, empleo, salud, entre otros daños que ocasiona la aplicación del arraigo.