NOTIMEX
11 de diciembre de 2013 / 02:18 p.m.

Guadalajara.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, aseguró que en la actualidad los derechos humanos son el pilar fundamental, la base rectora, de toda la función pública en México.

Lo anterior lo dijo al dictar su conferencia "Impacto de la reforma constitucional en derechos humanos a dos años de su entrada en vigor", que expuso con motivo del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

Manifestó la necesidad de que las defensoras y los defensores públicos y privados deben tener claro que la función pública se debe ejercer fundamentada en los derechos humanos.

Añadió que los logros en materia de derechos humanos no han sido producto de la casualidad, sino del esfuerzo y lucha de los organismos de la sociedad civil, de muchas defensoras y defensores que ahora se cristalizan en cambios de paradigmas, en cambios de actitudes que tienen que reflejarse en el bienestar social.

Dijo a los asistentes que la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011 ha impactado positivamente muchos de los aspectos de la vida jurídica en el país.

"Se trata de la implementación de un nuevo modelo constitucional, congruente con diversas corrientes internacionales, en el que se manifiesta un énfasis especial y trascendental a la aplicación y vigencia del derecho internacional de los derechos humanos", apuntó.

Celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos, razón por la que fue reconocida por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en justicia a las resoluciones y protocolos de actuación que la corte ha emitido luego de la reforma de 2011.

Recordó que a un mes de dicha reforma, la SCJN instituyó el control de convencionalidad, derivado de una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió al Estado mexicano.

El ombudsman también resaltó las restricciones pronunciadas por la SCJN respecto a los cateos y los arraigos en agosto y septiembre de 2013.

Así como los protocolos de actuación para los impartidores de justicia, que establecen, acciones positivas y compensatorias, para resolver casos de personas que forman parte de grupos vulnerables, como la niñez, los indígenas y los migrantes.

La SCJN, además, en septiembre del presente año ratificó que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el estado mexicano, aun cuando estas resoluciones se dirijan a otros países, explicó.

También recordó los cambios de paradigmas en el ámbito legislativo federal y estatal, luego de la reforma de 2011, que ha permitido la publicación y entrada en vigor de normas tan importantes como la Ley de Migración.

"Acaba con la idea de criminalizar a los migrantes en México, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la Ley General de Víctimas, la Ley para Proteger a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Así como otras reformas constitucionales encaminadas a garantizar la alimentación nutritiva y suficiente para la población, acceso al agua y al saneamiento y la normativa encaminada a garantizar la defensa, la promoción y el respeto de los derechos humanos", acotó.