23 de mayo de 2013 / 01:20 a.m.

Chilpancingo de los Bravo • La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local solicitó la suspensión del nombramiento de Alberto López Rosas como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno estatal, ya que todavía no se agota el juicio político que enfrenta a consecuencia del caso Ayotzinapa.

Durante la sesión que la Comisión Permanente del Congreso local desahogó este miércoles, el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón hizo uso de la palabra para referirse a la reestructuración que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en ejercicio de sus facultades realizó al seno de su administración.

Recordó que los movimientos en el gabinete estatal son algo que le fueron sugeridos por los diputados a finales del mes de abril, cuando acudió ante el pleno para emitir un mensaje a razón de su segundo informe de labores.

Sin embargo, destacó el hecho de que el viernes 17 de mayo, el mandatario estatal tomó la protesta también a un funcionario que en estos momentos está sometido a juicio político.

“El gobernador nombró como Secretario del Trabajo al licenciado Alberto López Rosas, quien está señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de no cumplir con los ordenamientos legales a los que estaba obligado cuando fungió como Procurador de Justicia y le tocó encarar el asunto relacionado con el desalojo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”.

Aclaró que en su postura no se refleja ninguna animadversión personal hacia López Rosas, pero cuestionó la pertinencia de realizar un nombramiento de ese tipo cuando Guerrero apenas sale de un conflicto “severamente explosivo”.

Recordó que al hoy titular de la STPS se le instauró un juicio político a petición de la CNDH, instancia que sostiene que el 12 de diciembre de 2011 hubo violaciones graves a los derechos humanos, lo que se concluyó luego de que la comisión ejerciera sus facultades de investigación.

“En su recomendación la CNDH dice que bajo el mando de López Rosas, la Procuraduría de Justicia cometió delitos graves que atentan contra el derecho a la vida; la seguridad y la integridad personal, al incurrir en faltas evidentes a la legalidad, la seguridad jurídica, la libertad personal y el trato digno en contra de 54 jóvenes detenidos, varios de ellos con torturas dictaminadas”.

Indicó que en su momento, tanto el gobierno estatal cono el Congreso local aceptaron la recomendación 1VG/2012 de la CNDH, por lo que insistió en cuestionar: “¿Qué señal damos los órganos de poder del estado frente a la opinión pública con esta designación?”.

Recordó que el juicio político contra el ex fiscal está en pleno desarrollo y por lo tanto, aseveró que no hay razón para dañar a las instituciones públicas de Guerrero con un nombramiento que ética, moral y políticamente es inadmisible.

“El titular de Ejecutivo debe valorar las consecuencias de tal decisión, es procedente la suspensión preventiva del funcionario sin que se prejuzgue su condición de inculpado. Por la salud de las instituciones, debemos desde el Congreso convocar al gobernador para que suspenda ese nombramiento”.

Aunque el texto lo presentó el líder de la bancada del PRI, dijo que lo comparten diputados de varios partidos políticos que incluso llegaron a colaborar con su redacción, en el entendido de que la designación puede llegar a considerarse como una provocación.

“Una designación de esta naturaleza, en lugar de contribuir a apaciguar y promover la reconciliación, viene a echarle gasolina al fuego, creo que en Guerrero no estamos para eso”.

— ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN