11 de abril de 2013 / 09:35 p.m.

Monterrey.- • El apoyo de la autoridad hacia los familiares de víctimas inocentes no va sólo en dar con los responsables de estos actos, sino con brindar ayuda económica, aunque ni las propias víctimas y consejos ciudadanos tienen la certeza de cómo se aplica y bajo qué criterios se obtiene.

Lucila Ocañas, madre de la joven Lucy, quien murió en una balacera en la Plaza Comercial Morelos, menciona que se le ha informado sobre un recurso económico proveniente de la Federación, sin embargo, nunca le especificaron cómo solicitarlo, quedando la duda de qué ocurre con este fondo.

“Se supone que hay un presupuesto dedicado a esto, que viene de la Federación, pues entonces mínimo que den cuentas claras de lo que están haciendo con ese dinero y cuál es el seguimiento que les están dando, pero en realidad no existe”, detalló la mujer.

Incluso el propio presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alfonso Verde Cuenca, señaló desconocer la forma en que el Gobierno estatal aplica este recurso.

“Lo desconocemos, pero sería bueno preguntar cuanta gente tiene que salir a la calle a pedir, para poder, ya no solamente (hacer) los trámites funerales y de entierro solamente, sino simplemente para recuperar los cuerpos de sus seres queridos”, dijo Verde Cuenca.

Desde el 2007 se cuenta con la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos, aunque no fue hasta el 2010 cuando se designó una partida de 2 millones de pesos al fondo destinado a las víctimas, aumentando cada año hasta situarse en poco más de 6 millones de pesos anuales, y administrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Sin embargo, la falta de parámetros para saber si una persona afectada ingresa al catálogo de "inocentes", complica la entrega de estos apoyos, pues en la mayoría de los casos si la víctima era ajena a los grupos delictivos, depende que el caso quede cerrado por la autoridad, dejando el problema económico al momento de la tragedia a los familiares.

 ISRAEL SANTACRUZ