16 de febrero de 2013 / 03:51 a.m.

El académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, aseguró que el gobierno "tomó esa causa desesperado porque las repercusiones tenían un impacto negativo".

 

Ciudad de México • Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia en temas de seguridad, criticó que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, haya declarado que está “cerrado” el caso de las seis turistas españolas atacadas sexualmente en Acapulco, pues sostuvo que los presuntos responsables no han sido llevados ante un juez.

“(…) Se debe tener mucho cuidado cuando dicen que hay seis personas confesas, en un país civilizado hay que aplicar el principio de inocencia”.

En opinión del presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, el gobierno federal “tomó esta causa desesperado porque las repercusiones internacionales tenían un impacto negativo en la industria del turismo”.

Buscaglia comentó que la justicia en México es para las elites y extranjeros con conexiones internacionales y no hay justicia para el ciudadano común.

Dijo que el caso de las turistas extranjeras es muy lamentable, sin embargo en este y en cualquier asunto en el que se comete un delito se debe aplicar el principio de inocencia. “Si existe material probatorio suficiente (la autoridad) debe continuar con el procesamiento judicial y buscar una sentencia”.

Manifestó que el gobierno federal debe procurar justicia en todos los casos y terminar con la impunidad que sufre el ciudadano común.

“Es más una reacción institucional ad hoc, hay mucho trabajo por delante, en México de cada 100 delitos graves hay una o dos sentencias, existe 98 por ciento de impunidad”, agregó.

El 13 de febrero la PGR informó en Acapulco de la detención de seis personas a las que identificó como responsables del asalto y violación en contra de las extranjeras.

Mencionó a Abraham Rodríguez Flores, Omar González Gaspar, Miguel Ángel Torres, Reynaldo Sandoval Núñez, Jorge Antonio Elodio Carmona, y José Antonio Castañeda.

Todos fueron trasladados a las instalaciones de la Suprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México para realizar una diligencia a fin de que las víctimas puedan reconocer al menos a cuatro presuntos agresores.

IGNACIO ALZAGA