3 de mayo de 2013 / 01:02 p.m.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero se desmarcó de las acciones emprendidas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y, en consecuencia, dijo que si alguno de sus activistas es detenido será de manera infundada, pues no han participado en acciones violentas como las perpetradas contra las sedes estatales del PRI, PMC, PRD y PAN.

Nicolás Chávez Adame, coordinador general de la APPG, manifestó que generó mucha preocupación el anuncio hecho por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en el sentido de que están por ejecutarse 39 órdenes de aprehensión contra integrantes del Movimiento Popular de Guerrero y la CETEG.

Manifestó que se menciona entre las organizaciones que integran al MPG a dirigentes de la APPG, por lo que varios de sus integrantes pueden estar implicados en las causas penales abiertas a partir de las últimas acciones emprendidas por la CETEG.

Indicó: “Nosotros le decimos al pueblo, que desde el 10 de abril del año en curso, la APPG dejó de participar en las acciones emprendidas por el MPG, ya que no coincidimos con su método ni su estrategia, por esa razón fuimos marginados en la toma de decisiones”.

Agregó: “Eso quiere decir que tampoco somos parte de la dirección política estatal de dicho movimiento y en consecuencia, no somos parte de su comisión negociadora”.

El ex integrante de la CETEG dirigió un mensaje al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para señalarle entre otras cosas que con meter a la cárcel a los profesores, el asunto no se resolverá, por ello sugirió retomar el camino del diálogo.

Expuso que la APPG ha seguido de cerca el movimiento de la CETEG y deduce que ya rebasó fronteras, que no tiene precedente y que en consecuencia, la represión no es el camino adecuado para buscar la solución al movimiento.

Nicolás Chávez señaló que a pesar de que la APPG fue incorporada en una secretaría de la mesa directiva del MPG, en realidad sus propuestas nunca fueron tomadas en cuenta.

“Nosotros proponíamos que se diera el diálogo con el gobernador, pero ya como movimiento popular guerrerense, y así lo avaló también la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, para que de manera conjunta nos reuniéramos con el gobernador y si este se negaba, pues ya había un desprecio hacia el movimiento en general, lo que representaba una justificante para la lucha conjunta”, anotó.

La APPG pidió que a la comisión se incorporara gente con base social, lo que no fue acatado y se incorporó a personas sin representación, lo que constituyó un error.

Nicolás Chávez explicó: “Nosotros no compartimos prácticas como el taparse la cara, tomar algunos elementos como tubos y palos mandaba el mensaje a la sociedad de confrontación”.

La APPG solicitó que se explicara si se buscaba resolver el problema o generar otro conflicto, porque de la reforma educativa se pasó a la desaparición de poderes, lo que marcó otra diferencia importante.

La asamblea propuso realizar un éxodo hacia la Ciudad de México porque allá estaba la posibilidad de resolver el problema, pero no hubo eco en el planteamiento y fue generando el distanciamiento entre las organizaciones.

También sugirió el regreso parcial a clases para establecer comunicación con padres de familia y el diseño de un plan para recuperar clases, para desarticular los ataques del sector oficial y afianzar el respaldo de los jefes de familia, pero tampoco se quiso atender dicha sugerencia que habría legitimado al movimiento.

“También propusimos realizar una marcha pacífica dando una disculpa pública a la sociedad para ganar empatías, para demostrar de esa manera que se estaba en el interés de aglutinar a todos los sectores de la población”, manifestó.

Agregó que el MPG nunca tuvo una estructura formal y que siempre fue controlado por la CETEG, lo que impidió que se consolidara como un gran frente social.

Rogelio Agustín Esteban