17 de enero de 2013 / 01:20 a.m.

Martha Elva Garzón Bernal planteó que se debe respetar el ámbito jurídico y llevar al Ministerio Público a los 45 presuntos delincuentes detenidos por la Policía Comunitaria en días recientes.

Guerrero • La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Martha Elva Garzón Bernal, solicitó el voto de confianza para sancionar a 45 presuntos delincuentes detenidos por la Policía Comunitaria en Ayutla y Tecoanapa.

La fiscal guerrerense manifestó que en el caso de las movilizaciones contra la delincuencia en la Costa Chica de Guerrero, se investigan dos hechos concretos: el asesinato del presunto sicario Cutberto Luna Chávez y el secuestro cometido en agravio del comisario de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, Eusebio Alberto García.

Garzón Bernal aclaró que personalmente no está en desacuerdo con la Policía Comunitaria, por eso manifestó que lo ideal sería que todos los cuerpos de seguridad fueran nombrados por el pueblo.

Sin embargo, consideró necesario realizar algunas reformas a la Ley 701 en materia de Seguridad Pública, porque hay algunas lagunas que deben cubrirse para evitar que todas las acciones se encuadren dentro de la Constitución Política local, además de diferentes documentos internacionales.

Respecto a los detenidos durante las acciones contra el crimen que realizó la comunitaria, que se ampara en la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, dijo que se debe cuidar mucho no cometer acciones que trastoquen la ley.

"Yo creo que debería entregarlas a la autoridad que es el Ministerio Público, porque no se puede dejar de lado el ámbito jurídico y deben de también pensar y reflexionar en que debemos respetar el ámbito jurídico", dijo.

Respecto al temor de que los presuntos sicarios, "halcones" y secuestradores sean liberados a partir de arreglos que tengan con el Ministerio Público, Garzón Bernal pidió no establecer posturas anticipadas.

"No deben emitir juicios a priori, nuestra posición es que siempre que se juzgue a alguien también tiene derecho a la defensa. No podemos violentar garantías y derechos humanos, nuestra obligación es investigar realmente hasta donde llega la culpabilidad de una persona", sostuvo.

"Yo siempre he pedido el voto de confianza para la policía y la propia sociedad, este trabajo es muy delicado y de lo que deben estar seguros, es que en la procuraduría hacemos todo el esfuerzo por llevar a cabo un trabajo profesional".

Hasta el momento no hay denuncias por privación de la libertad en contra de los policías comunitarios, aunque ya varios familiares han recurrido a organismos de derechos humanos.

Insistió en que las instituciones estatales reconocen el trabajo de la Policía Comunitaria, pero también les reiteró que hay funciones muy claras que están delimitadas en el ámbito de competencia de cada instancia del poder público.

Entre los 40 detenidos está el presunto responsable de secuestrar al comisario de Rancho Nuevo, mismo que pidió sea entregado al Ministerio Público para sancionarlo conforme a derecho.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN