5 de agosto de 2013 / 12:51 p.m.

 Diputados locales y regidores del Partido Revolucionario Institucional formalizaron ayer la denuncia por los sobrecostos en la compra de patrullas por parte del municipio de Monterrey, la cual al final va contra siete funcionarios regios, a quienes se les busca imputar un total de siete delitos, algunos incluso federales.

Ayer por la tarde, legisladores y regidores presentaron ante el Centro de Orientación y Denuncia de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León una denuncia de hechos y contra quienes resulten responsables.

La lista la componen siete funcionarios municipales, entre los que están el tesorero, Rafael Serna Sánchez; el director de Egresos, Rodolfo Cavazos Aguirre; el director de Patrimonio, Aldo Cázares, y el director de Planeación Presupuestal, Eduardo Sierra Chein.

Así mismo Jorge Antonio Garza Peña, asesor jurídico de la Tesorería; Mauricio Serrano Cortez, secretario de Administración, y Jorge Omar González Almaguer, director de Adquisiciones.

Según el documento, los hechos denunciados por los diputados y regidores priistas son motivados por la forma intencional y dolosa en que los funcionarios del municipio de Monterrey incumplieron con su deber de proteger la Hacienda Pública de los ciudadanos regiomontanos, debido a que, establece el documento, ""contrataron y adquirieron bienes y servicios a precios y costos notoriamente superiores a los que imperan en el mercado"".

Esto en relación a la compra y adquisición de vehículos y equipamiento para patullas, como parte del proyecto de la nueva Secretaría de Policía y Tránsito de la capital del estado.

Además de denuncia también va en contra del administrador de la agencia de vehículos que ganó la licitación, esto porque, se señala el documento, existió una simulación de licitación pública, con la finalidad de que quedara desierta, para posteriormente designar directamente la adquisición a esta empresa.

Al final el costo de la compra de 37 unidades, entre vehículos tipo Charger y Ram, tuvo un costo total de 45.2 millones de pesos.

Los delitos que se buscan en contra de los funcionarios municipales son ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, delitos patrimoniales de los servidores públicos, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, peculado y enriquecimiento ilícito.

Los denunciantes son los diputados locales del PRI Édgar Romo, Daniel Torres, Juan Manuel Cavazos, Lorena Cano, José Maiz, Ernesto José Quintanilla, Óscar Flores Treviño, Francisco Cienfuegos, José Juan Guajardo.

También los regidores priistas Eugenio Montiel, Carlota Vargas Garza, Arturo Pecina Cruz y Gilberto Celestino Ledezma.

-REYNALDO OCHOA