6 de agosto de 2013 / 02:37 p.m.

Monterrey • Luego de que las empresas regiomontanas se ampararan contra el incremento del 50 por ciento a la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN), el Gobierno estatal les ha aplicado una especie de "distracción", al solicitarles a las compañías una serie de información fiscal no relacionada con el ISN, lo que ha retrasado el seguimiento del proceso de los amparos que para estas fechas debieron tener una resolución favorable.

"No es normal (la solicitud de información variada y de gran tamaño); ¿porqué lo hacen?; quiero suponer que saben que la reacción natural ante la solicitud de esta información es que las empresas impugnen el recurso y se retarde el proceso; creo que más bien es una estrategia que utiliza el jurídico del Gobierno del Estado para retrasar los procedimientos", indicó Carlos Alberto Saucedo Lugo, representante del Departamento de la Dirección Jurídica de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León.

Aunque se tenía previsto que en estos meses se diera a conocer la resolución sobre la demanda contra el incremento al ISN del 2 al 3 por ciento, expertos estiman que se dé a conocer entre septiembre o a fines de año "si bien nos va", ya que se ha retrasado por información solicitada del área jurídica de Gobierno así como por una carga administrativa.

El representante del Departamento de la Dirección Jurídica de Caintra abundó que la parte defensora del Gobierno del Estado ha solicitado información no relacionada con el ISN y esto retrasa el proceso legal entre uno o dos meses.

Entre la información solicitada por el jurídico estatal, figuran las últimas declaraciones de ISR o los estados de cuenta de las empresas. Saucedo previó que la resolución por parte del Juez de Distrito se dicte en septiembre.

El experto señaló que el otorgar la información representa una carga de trabajo y también molestia para las empresas, ya que es una gran cantidad de datos y un negocio tendría que desviar su personal para obtener esto.

Por parte de Caintra, alrededor de unas 200 empresas fueron las que recurrieron al amparo.

Roxana Gómez Orta, socia nacional del grupo de práctica fiscal en Monterrey de la firma Baker & McKenzie, y Antonio Maldonado Cervantes, abogado del Despacho Pérez Góngora y Asociados, coincidieron en que a las empresas se les está solicitando demasiada información y que estas solicitudes retrasan el proceso legal, así como la carga de trabajo en los juzgados.

ALEJANDRA MENDOZA