23 de abril de 2013 / 11:35 a.m.

Monterrey • A pesar de que los recursos para la vivienda de trabajadores al servicio del estado y de la educación se otorgaron a ellos mismos para su operación y supervisión, eso no ha impedido que haya manejos cuestionables, y así lo deja claro en sus informes definitivos de resultados la Auditoría Superior del Estado.

En la más reciente de ellas, ya terminada y sin votar por los diputados locales, se encuentran señalamientos importantes a los fideicomisos Fovileón-Educación y Burócratas.

En el que corresponde al Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación, que dirige Alfonso González Ruiz, y ocho empleados que se llevan una nómina de 121 mil 194 mensuales; la ASE detecta seis observaciones no solventadas.

Van en contra de sus propios reglamentos, al otorgar un segundo crédito a trabajadores que no han pagado los primeros.

Esto incumple el reglamento del Fideicomiso, y al menos en 2011 hubo 306 casos: adicionalmente hay 78 casos más, en donde en una cuenta se tiene un saldo a favor y en la otra en contra.

Además de mil 812 casos en donde se presentan saldos a favor del personal, algunos desde 1997.

Se entregaron 64 préstamos superiores al monto autorizado; los usuarios tenían un crédito anterior y al darles el segundo excedieron los límites de 50 mil pesos, además de que no se anexo al expediente ningún estudio de capacidad de pago.

Además se hallaron 73 notas de consumo sin especificar por un monto de 37 mil 809 pesos, de las cuales 10, por un total de cuatro mil 307 pesos, corresponden a días inhábiles; por esto se solicitan fincamientos de responsabilidades administrativas.

En mismo caso se encuentra Fovileón Burócratas, que aunque tiene el mismo titular, maneja una nómina aparte de nueve empleados que erogan cada mes 124 mil 43 pesos en salarios.

Existen 113 casos en los que los usuarios tienen más de un crédito a pesar de que esto está prohibido reglamento; 73 casos tienen uno de los saldos a favor y en siete no se localizó número de expediente. Hay 35 casos donde el monto de préstamos es superior al límite permitido.

Existen terrenos pendientes de cobro desde 1999 en el municipio de Escobedo, entre otras fallas.

DANIELA MENDOZA LUNA