2 de marzo de 2013 / 08:46 p.m.

Hace tres días los elementos del Punto Fijo Garza Sada abandonaron las instalaciones en atención a un amparo promovido por dos vecinos de esas instalaciones.

 

Monterrey.- El Gobierno del Estado enfrentará al juez que otorgó el amparo a dos residentes de la colonia Lagos del Bosque, que solicitaron el cierre del Punto Fijo Garza Sada de la Fuerza Civil, por considerar que los ponía en riesgo.

El Jefe de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, Jorge Domene Zambrano informó que analizarán los recursos legales para revertir la decisión del juez y se resuelva el fondo del amparo, a favor de medio millón de ciudadanos que habitan en la zona sur.

Hace tres días, los policías de la Fuerza civil abandonaron el cuartel, obedeciendo la orden del juez federal que atendió la solicitud de los ciudadanos Hilda Elida Rodríguez Rodríguez y Manuel López Castro. Los quejosos argumentaron que el espacio no era compatible con el uso de suelo.

"“Habrá que ir por las vías legales mostrando al juez de su determinación que no es la más conveniente para que en una instancia legal pueda darle marcha atrás a esta decisión que hasta ahorita han puesto a través de este amparo”", dijo.

La decisión, que favorece a dos habitantes inconformes, provocó la molestia de vecinos de las colonias Cortijo del Río, Villa las Fuentes, La Hacienda, La Estanzuela y Sierra Ventana quienes se movilizaron de inmediato y protestaron por el cierre.

“"Es una decisión yo diría insólita de un juez que antepone el interés colectivo al individual”", consideró Domene Zambrano.

De acuerdo al también vocero de seguridad en el Estado, desde la instalación del cuartel, hace aproximadamente un año, los índices delictivos disminuyeron considerablemente, por lo que la población que habita en ese sector se sintió más segura.

"“Los vecinos se sienten desprotegidos (ahora), y no solo es una percepción porque los índices han bajado desde que pusimos ese cuartel, un 40 por ciento, ya es una realidad"”, mencionó.

Señaló que la zona sur está catalogada como un punto rojo para las autoridades en materia de seguridad, por lo que esperan que la vigilancia estatal regrese a la zona para no perder los avances que se llevaban en materia de seguridad.

"“Esa es una zona muy característica de secuestros, homicidios y mucha violencia ero el último año los delitos han ido constantemente a la baja en un 40 por ciento”", indicó.

Dentro de la movilización que realizaron los vecinos, repartieron más de 250 encuestas entre habitantes y comerciantes, para medir la opinión de la mayoría.

SANDRA GONZÁLEZ CORTÉS