EUGENIA JIMÉNEZ
25 de mayo de 2013 / 07:37 p.m.

Ciudad de México • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió la Recomendación 18/2013 al Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, por el caso de detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura que sufrió un ciudadano a manos de elementos de la Policía Federal en la capital de San Luis Potosí.

La madre de la víctima, al interponer una queja ante la CNDH, refirió que según declaraciones de su hijo, una vez detenido fue cubierto de la cara y así permaneció durante dos días, encerrado en un cuarto donde los policías lo golpeaban continuamente para que reconociera la culpabilidad en varios delitos; sólo lo destapaban para que ingiriera agua de una botella que tenía que compartir con otras ocho personas.

Para presionarlo lo torturaron y con unas pinzas le doblaron el dedo medio de una mano; además, los policías lo amenazaron con agredir a su familia si no declaraba que al momento de ser detenido traía consigo lo que le indicaban: droga, un vehículo, un radio y dinero.

Cuarenta y ocho horas después lo llevaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, donde tuvo que ser atendido de sus heridas por un médico.

Una vez agotada la investigación, la Comisión Nacional advirtió conductas que configuran violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, trato digno, libertad, integridad y seguridad personal del agraviado.

En su Recomendación 18/2013, la CNDH pide al Comisionado Nacional de Seguridad, se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a la víctima y se le brinde atención psicológica y psiquiátrica.

Se emitan instrucciones para que los elementos de la policía federal respeten los derechos humanos y observen el orden jurídico vigente en las operaciones contra la delincuencia organizada, y de ninguna forma se traslade a los detenidos a sus instalaciones y sólo sean puestos de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente.

Solicita la amplia colaboración con la CNDH, en el trámite de la queja y denuncia de hechos que este Organismo público autónomo formule ante el Órgano Interno de Control en la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, respectivamente, contra los servidores públicos que intervinieron en los referidos hechos.

Asimismo, pide se diseñe y ejecute un programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos a operativos, mandos medios y superiores, para que toda diligencia se practique con apego a la legalidad y el respeto, y se generen indicadores de gestión para evaluar el impacto efectivo de los cursos.

Que el personal médico de la Policía Federal garantice la imparcialidad y objetividad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omita describir las lesiones que observe, realizar análisis de temporalidad y evolución de las mismas; denuncie los hechos ante el agente del Ministerio Público cuando presuma o advierta tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Se solicita implementar un protocolo para examinar periódicamente los métodos de interrogatorio y las disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en el ejercicio de sus funciones a fin de prevenir ese tipo de conductas.