ÓSCAR RODRÍGUEZ
4 de mayo de 2013 / 01:27 a.m.

Oaxaca • La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca espera ejercer el auto de formal prisión en contra de 18 de los 34 implicados en los desmanes ocurridos tras las marchas del pasado 1 de mayo, donde resultaron tres personas heridas, dos de ellas policías y un civil.

El subdirector de Averiguaciones Previas de la PGJEO, Valdemar Pérez Canseco, confirmó que los implicados serían consignados ante un juez local acusados del delito de daños y lesiones en contra de un elemento de la policía municipal capitalina.

Sin embargo, dijo que nueve adultos más obtuvieron su libertad al pagar fianzas que superaron en algunos casos siete mil pesos y en otros menos de 28 mil pesos.

Precisó que son 16 las personas que han obtenido su libertad, entre ellos nueve adultos, incluida la activista de derechos humanos Susana Ramírez y nueve menores de edad.

El funcionario exhortó a las personas o empresarios que hayan resultado afectados por los hechos vandálicos, para que presenten su denuncia, pues hasta ahora ninguno ha recurrido a esta instancia para hacer valer sus derechos frente a los destrozos de sus establecimientos y evitar que los causantes de los daños queden en libertad.

"Tenemos información de que al menos unos ocho establecimientos, entre ellos cuatro bancos, dos restaurantes y dos inmuebles sufrieron daños causados en su fachadas exteriores".

Algunas de las personas que aún permanecen detenidas son: Omar González Herrera, Jorge Luis López Chávez, Fernando Guzmán Gutiérrez, Pedro Peralta José, Manuel Ramírez Jiménez, Javier Martínez, Fredy Damián López, Javier Darío Guzmán, Daniel Hernández, Alfonso Vásquez, Danney Jiménez, Susana Ramírez y Claudio Estévez.

Sin embargo, el Comité Integral de Derechos Humanos Gobixha, reportó que la mayor parte de los detenidos por las policías estatal y municipal tras los disturbios generadas el pasado miércoles, fueron puestos en libertad por falta de elementos en su contra.

El organismo precisó que se hizo valer un amparo por la incomunicación de los agraviados, que fue concedido por el Juzgado Primero de Distrito.

Informaron que la detención de Susana Ramírez es también un ejemplo de criminalización de la juventud y de las defensoras y defensores de derechos humanos. Pudimos documentar la aparición de mensajes y supuestas fotografías de Susana que contribuyen a criminalizar la labor de la defensa de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, expusieron.