29 de agosto de 2013 / 01:08 a.m.

Oaxaca • La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconoció que aún espera el peritaje que concluye la Procuraduría General de la República (PGR) con respecto a la contingencia ambiental reportada en la zona húmeda del Istmo de Tehuantepec, donde se registro una fuga de amoniaco que dejo un saldo de 9 víctimas y más de mil 500 personas evacuadas.

Un de Petróleos Mexicanos (Pemex) se rompió por los trabajos de construcción de de la carretera, Oaxaca – Coatzacoalcos.

El delegado de la dependencia federal, Tomás González Ilescas, precisó que luego del percance se iniciaron trabajo de deslinde y las autoridades judiciales realizan una serie de peritajes para determinar las sanciones que correspondan contra los responsables.

Precisó que lo que ocurrió en la zona, fue un lamentable accidente, por una probable impericia de los responsables de la constructora encargada de los trabajos de construcción del tramo carretero, sin embargo, el peritaje habrá de determinar las causas reales del percance.

"Aún cuando se haya tratado de un accidente, se tendrá que aplicar la sanción que corresponda por que pudo haberse tratado de alguna omisión o negligencia".

Con respecto a los permisos de operación de la empresa constructora Cuadro Rojo, González Ilescas dijo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la misma Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) explicar por qué operaba la misma sin permisos vigentes.

Además nos extraña, afirmó que se trabajara de la manera que se hizo si había señalizaciones sobre la presencia de ductos de Pemex en el sitio.

"Nosotros hemos solicitado la información correspondiente a las instituciones pero aún no llegan y confían en que entreguen sus conclusiones para empezar a tomar cartas en el asunto".

González Ilescas descartó cualquier posibilidad de declarar la alerta ambiental en la zona por lo ocurrido, porque se tienen conocimiento que no hubo un impacto evidente en el ecosistema, pero reitero esperaremos el dictamen que también haga Profepa en el lugar para tomar una determinación.

En tanto, la directora del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable Helena Iturribarria Rojas, dijo que se ha realizado un estudio de aire en la zona de contingencia no encontrándose riesgos para la población.

Sin embargo, abundó se están realizando nuevas verificaciones para identificar si existe algún daño ambiental.

Afirmó que el amoniaco si llega a causar daños a la salud, incluso puede generar la muerte a una persona en grandes concentraciones, pero en cantidad baja solo puede haber irritaciones y picazón en la nariz, pero no más.

Con respecto al ecosistema dijo que el impacto fue inmediato y no hay secuelas, el químico es un gas corrosivo, que quema la superficie humedad, lo que implica que se tienen que mandatar una serie de trabajos de recuperación de la vegetación y la fauna dañada.

"La situación generada por la contingencia ambiental generada es reversible, y los daños que se pudieron haber generado a la vegetación y la fauna se pueden salvar, porque el químico se evapora de manera inmediata, sin dejar secuelas".

Por su parte, el dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, denunció la mortandad de peces reportada por la fuga de amoniaco en la zona húmeda de los poblados de Matías Romero y Barrio de la Soledad, exigiendo al gobierno federal que se declare una alerta ambiental.

Denunció que en la zona de contingencia hay poco más de 400 habitantes de 3 poblados desplazados de sus hogares mismos que están refugiados en un albergue ante el temor de sufrir daños en su salud.

Beas Torres recriminó la actuación de las autoridades estatales y federales tal es el caso del Instituto de Protección Civil que ha actuado con deficiencia, ya que ha brindado escasa o equivocada información y no ha informado de los altos niveles de contaminación de las aguas, lo que ha ocasionado en algunos habitantes afectaciones en la piel.

Indicó que la UCIZONI le demanda al gobierno estatal y federal que emita la fase de alerta y se exija a la PROFEPA que aplique las sanciones del caso a las empresas responsables de los graves daños ambientales que se ocasionaron a una amplia región.

OSCAR RODRÍGUEZ