7 de marzo de 2013 / 01:11 a.m.

Además de la denuncia contra el ministro, según Sandra Pámanes, secretaria del Ayuntamiento, se contempla una denuncia penal contra la persona responsable del permiso apócrifo.

 Monterrey.- • Tras ignorar el llamado de no amparar los casinos clausurados la semana pasada y conceder una suspensión provisional mediante un permiso apócrifo, el municipio de Monterrey analiza presentar una queja contra el juez Javier Rubén Lozano Martínez.

Un día después de exhibir el hecho, la autoridad municipal anunció que se estudiará la actuación del titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, que amparó al casino Foliatti, y, en caso de encontrar irregularidades, presentará su caso ante el Consejo de la Judicatura.

"Vamos a actuar en todos los sentidos: sí nos preocupa que ese tipo de actuaciones se estén dando en actos de autoridad que estamos realizando por parte de la autoridad municipal; la alcaldesa ha sido muy reiterativa en el sentido de hacer un llamado a la autoridad judicial federal para que todas las decisiones que tengan que estar tomando sean apegadas a derecho".

"Si hay una situación en la que nosotros consideremos que hay una actuación, podríamos decir irregular, en las decisiones que tome la autoridad judicial, por supuesto que también procederemos… lo vamos a analizar y, en todo caso, tendríamos que hacer también lo conducente", afirmó Sandra Pámanes, secretaria del Ayuntamiento en Monterrey.

El punto que más sospecha levanta a la administración regia es que a todas luces el permiso presentado por la casa de apuestas era falso, pues las fechas que se citan en el documento para acreditar el interés jurídico no concuerdan.

Los abogados del Foliatti argumentaron que la licencia de homologación les fue entregada en abril del 2009, pero esta figura se aprobó hasta septiembre del mismo año.

A decir de Pámanes, el juez que estudió la solicitud del casino debió valorar esta condición e, incluso, fue más allá al advertir que era su obligación estar empapado de la reglamentación aplicable a este caso.

"Había elementos (para negar el amparo), por supuesto, la autoridad judicial tiene la responsabilidad y obligación de conocer toda la legislación que pueda estar relacionada con cualquier juicio, con cualquier hecho que llega a sus manos, por un lado".

"Y, por el otro, también porque precisamente está basado en el interés jurídico de cada una de las personas su decisión de si puede concederle o no esa suspensión provisional. Él debió tener esta información y hacerla valer al momento de amparar", sentenció la funcionaria.

Pese a ello, rechazó emitir juicios de valor para establecer por adelantado si el juez cayó en un acto de omisión o actúo con dolo.

Otro frente que el municipio prevé abrir es la denuncia penal contra la persona responsable por el permiso apócrifo.

"Es muy importante y muy necesario por nuestra parte recalcar que es muy delicado todo esto que está sucediendo".

"Si alguna persona está tratando de utilizar documentación falsa o apócrifa para la defensa que pueda tener sobre la acción de la autoridad municipal, me parece muy delicado y tendríamos que poner sobre la mesa cualquier situación que esté dándose", refirió.

Explicó que de momento se evalúa si dicha querella se debe presentar ante la autoridad local o federal, aunque confió que, en breve, la Dirección Jurídica tendrá una definición sobre este punto.

La lucha que ya inició fue la tendiente a revertir el amparo otorgado al Foliatti, al presentar el Ayuntamiento un recurso de queja que esperan les favorezca ante las pruebas presentadas.

LUIS GARCÍA