17 de mayo de 2013 / 01:19 p.m.

Tras 27 años de servicio como policía y con varios reconocimientos por su labor, Juan Carlos Nájera no ha logrado obtener la atención de las autoridades judiciales del Estado de México para localizar al asesino de su hermana y sobrino.

Asegura que hoy solo ve impunidad, pues ni siquiera ha tenido acceso a la averiguación previa o a la investigación sobre el crimen de sus familiares, además de que encontró varias irregularidades en el peritaje.

El pasado martes 14 de mayo, Nayeli Juárez y su esposo, Manuel Alejandro Alvarado Nájera, se encontraban en el departamento que compartían con los padres de éste, de 21 años, cuando recibieron la visita del padre de la joven.

El militar en retiro Rubén Juárez Sánchez dijo que debía hablar con los miembros de la familia para resolver el pago de un teléfono celular que entregó a la pareja de jóvenes.

Nayeli Juárez sostiene a su pequeña de tres meses y, entre lágrimas, relata que su padre exigió la presencia de su marido y sus suegros en la sala del departamento para resolver el asunto; sin embargo, solo acudió su marido.

“Me dijo que le regresara el equipo y, además, que le siguiera pagando; respondí que eso no era justo. Mi marido estaba aquí, sentado al lado con la pierna cruzada y se arrancaba los hilitos de la calceta cuando mi papá se levantó y me dijo que Verónica, su actual pareja, lo abandonó.

""Sacó el arma, le disparó a mi marido y él cayó al piso. Empecé a gritarle de groserías, pedía ayuda, pero sentía que nadie me escuchaba, porque quedé sorda; cuando él (su papá) se echó a correr para salir, iba entrando mi suegra y le disparó en el pecho; se fue disparando para que nadie lo alcanzara.""

Tras el asesinato de Manuel Alejandro y su madre, Araceli Nájera, los familiares dieron aviso a Juan Carlos, quien vino desde Guerrero, entidad donde ha destacado como policía.Una vez en Nezahualcóyotl, Estado de México, se percató que faltaban las tarjetas de crédito y débito, además de dinero en efectivo, de su hermana. Los peritos los acopiaron como pruebas del crimen, pero no recopilaran los casquillos y ojivas incrustadas en el refrigerador de la casa.

Al cuestionar a los integrantes del Ministerio Público, éstos respondieron que no le darían información hasta este viernes (cuatro días después del asesinato), cuando los peritos que levantaron las pruebas regresen a su turno laboral. Por ello, los funerales de su sobrino y hermana tuvieron que financiarse con la cooperación de vecinos.

La hija y ex esposa del militar temen que al revelar nombre, domicilio, lugar de trabajo y fotografías del agresor, éste regrese a cobrar venganza. Hasta el momento ninguna autoridad municipal, estatal o federal ha atendido su petición para custodiarlo.

— MARIANA OTERO-BRIZ