28 de junio de 2013 / 12:58 a.m.

Santa Catarina.- • El alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez Díaz, prefiere liquidar a 45 ex policías y tránsitos que reinstalar a alguien que ya se le perdió la confianza.

Los ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad que pasaron una temporada en la cárcel inculpados por presuntos nexos con la delincuencia organizada, protestaron el miércoles porque a pesar de ser absueltos tienen un año sin trabajo ni liquidación.

En respuesta el presidente municipal se comprometió a revisar cada uno de los casos para determinar la cantidad que se les debe pagar por los servicios que prestaron.

“Se va proceder conforme a derecho y nosotros tenemos un criterio, a quien se le ha perdido la confianza no regresa a esta administración y menos siendo policía o tránsito, se le va dar seguimiento y causa en lo legal y se va actuar conforme a derecho y se les va pagar lo que se dictamine”, aseveró.

Sin discutir la inocencia o injusticia que se haya cometido, el alcalde reiteró que la única medida que tomarán será la liquidación en caso de que se acredite su derecho.

Además culpó a la anterior administración encabezada por Gabriel Navarro, ya que no cerraron los expedientes y esto amplió el tiempo de atención para los ex elementos.

“Ellos vienen a reclamar sus derechos laborales y también no se actuó como se debió en un momento dado en la administración anterior porque no cerraron sus casos, no se les dio de baja y en ningún momento aparece que fueron revisados y se les perdió la confianza, no se cerraron sus expedientes, todavía seguimos sufriendo cosas de esas pero repito, se va indemnizar a quien tenga la razón”, dijo.

En este caso existe la sospecha de que algún abogado se haya aprovechado de la situación y quiera sacar provecho, indicó Pérez Díaz.

“Se les ha atendido, obviamente están asesorados por abogados que en algún momento dado tuvieron una complicidad aquí adentro y no vamos a cumplir caprichos, vamos a pagar, prefiero tener la corporación como está a regresar a una persona que se le perdió la confianza”, indicó.

Los elementos en cuestión fueron sometidos en 2012 a pruebas de control de confianza en la Agencia Estatal de Investigaciones donde presuntamente los hicieron firmar una declaración en la que aceptaban pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada.

Después de una temporada encarcelados, lograron un amparo al no encontrar suficientes pruebas en su contra por lo que exigen la reinstalación o liquidación.

SANDRA GONZÁLEZ CORTÉS