21 de mayo de 2013 / 11:37 p.m.

Chilpancingo de los Bravo • El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Jalil Flores reconoció que el ex procurador Alberto López Rosas no tiene limitaciones legales para trabajar en la administración pública, aunque reconoció que el juicio político instrumentado en su contra no ha terminado.

Flores Majul recordó que a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Poder Legislativo de Guerrero inició a través de su Comisión Instructora, un juicio político en contra del ex fiscal guerrerense, a partir del saldo de dos estudiantes muertos que arrojó el desalojo instrumentado en la Autopista del Sol, la mañana del 12 de diciembre de 2011.

La Comisión Instructora inicialmente se constituyó en Comisión de Examen Previo, después declaró instalado el juicio y se procedió a recibir en comparecencia a López Rosas y un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El juicio se interrumpió en diciembre de 2012 por la discusión del presupuesto de egresos de 2013, posteriormente se interrumpió a partir del conflicto magisterial que impugnó la reforma educativa.

Para esta semana se tiene programada la reactivación de los trabajos de la Comisión Instructora en este asunto, dando pie a la comparecencia del ex titular de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.

Dijo que el propio López Rosas solicitó que se abriera un periodo para la ampliación de pruebas, además, se tiene considerada la comparecencia de un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es quien requirió el juicio y de varios mandos de la Policía Federal (PF).

Con esto, señaló que el juicio sigue su curso y por lo tanto, el ahora titular de la Secretaría del Trabajo (ST) no está exento de ser llamado por la comisión que tiene el asunto en desahogo.

Reconoció que en el terreno legal, López Rosas no está imposibilitado para ocupar un cargo en la administración pública del estado, aunque en el aspecto político sí pueden generarse varias lecturas.

"Creo que políticamente no es viable, porque deja entrever que existen aspectos de impunidad en el estado de Guerrero", admitió.

El integrante de la fracción parlamentaria del PRI señaló que todavía no se tiene un dictamen, de tal manera que no se puede anticipar ninguna resolución a favor o en contra de López Rosas.

"En el caso Ayotzinapa existen muchas aristas, pero nos estamos apoyando mucho en las comparecencias de servidores públicos y estudiantes para tratar de llegar a la verdad".

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN