24 de mayo de 2013 / 12:35 p.m.

México• Marisela Morales Ibáñez, ex procuradora general de la República, declaró por escrito en la averiguación previa que se inició en su contra por la denuncia que presentó el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba.

El ex mandatario estatal pidió fincar responsabilidades porque se violó la secrecía del expediente integrado en su contra, el cual, dijo, se filtró a los medios de comunicación antes de que fuera notificado de que era investigado.

En diciembre de 2012, Diego Hernán Arévalo Pérez, abogado de Yarrington, interpuso una denuncia contra Morales Ibáñez, además de Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la SIEDO, y el agente del Ministerio Público federal que tenía bajo su resguardo el expediente.

Autoridades federales informaron a MILENIO que hace unos días la ex procuradora fue notificada en su domicilio que tenía que rendir declaración en la averiguación previa que se abrió por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y revelación de secretos.

Indicaron que eso no quiere decir que la ex funcionaria tenga responsabilidad en el asunto, pero se busca establecer si hubo mal manejo de la averiguación previa, de la cual se conocieron detalles a través de los medios informativos, cuando ésta ni siquiera había sido consignada a un juez federal.

Las autoridades consultadas comentaron que en un principio Morales Ibáñez se reservó su derecho a declarar, pero posteriormente rindió su declaración por escrito.

Diego Hernán Arévalo confirmó que hace unos días la ex procuradora fue citada a declarar, aunque lo hizo por escrito. Hasta el momento, señaló, no se le ha informado qué fue lo que respondió Morales Ibáñez.

En la averiguación previa también se menciona a Cuitláhuac Salinas. El abogado dijo que ambos ex funcionarios “no guardaron los avances sobre la secrecía de la investigación”, de ahí que se hicieron públicos los detalles a través de la prensa.

El litigante dejó claro que los delitos por los cuales pidieron investigar a los ex servidores públicos no son graves.

En caso de consignarse a alguna de estas tres personas, añadió, pueden ampararse para no ser detenidos y enfrentar su proceso en libertad o pagar una caución.

Expresó que en los próximos días se citará a comparecer al ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como al agente del Ministerio Público federal que integró el expediente.

A fines de agosto de 2012 la Interpol inició la búsqueda en 190 países de Yarrington Ruvalcaba, contra quien existe una ficha roja por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Las autoridades presumen que facilitó el tráfico de drogas de los cárteles del Golfo y Los Zetas durante su mandato. Dicho delito se castiga con penas que van de 10 a 25 años de prisión, pero aumentan cuando el involucrado es funcionario.

RUBÉN MOSSO