3 de mayo de 2013 / 02:14 p.m.

La Procuraduría General de la República (PGR) decidió no ejercer acción penal contra el teniente coronel Avigaí Vargas Tirado, ex integrante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDCS), acusado de tortura.

MILENIO tiene copia de la notificación que entregó la PGR al abogado José Gerardo Ortega Maya, quien denunció al militar como la persona que ordenó su martirio para que declarara contra Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa.

La Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución (DGDCSPI) integró la averiguación previa 613/AP/DGDCSPI/2012 contra Vargas Preciado y tres personas más por los delitos de abuso de autoridad y tortura.

La indagatoria fue desahogada antes de concluir el sexenio pasado y fue encabezada por personal bajo el mando de la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.

Funcionarios de la dependencia informaron que antes de que la DGDCSPI emitiera su veredicto —la dirección que depende de la Visitaduría General—, la entonces procuradora solo “exigió” a Vargas Tirado su renuncia “por deslealtad”, motivo por el cual el militar regresó a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las otras tres personas investigadas por la DGDCSPI son Leonel Guadalupe Licona Pérez, cuyo nombre ni siquiera aparece en el Registro de Servidores Públicos Federales, además de Luciano Nabor Hernández, quien tiene el grado de sargento primero y trabajó entre 1985 y 2006 en combate al narcotráfico.

Los documentos federales refieren que entre 2001 y 2006 fue agente federal “A” y en el sexenio calderonista fue jefe de departamento en la coordinación técnica de la UEIDCS, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

La tercera persona investigada es Ana Laura Ruiz Rodríguez, quien era una agente de seguridad privada de la empresa Sercom Active SA de CV y prestaba sus servicios a la PGR.

El 31 de diciembre de 2012, en vísperas del Año Nuevo, la Visitaduría General autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal contra los antes mencionados.

Sin embargo, en su notificación no se hace referencia de otras personas que trabajaron en la SEIDO, pero que también fueron acusadas de participar en actos de tortura.

MÁS INVOLUCRADOSEn la causa penal 31/2012 que se inició en un juzgado federal de Naucalpan, Estado de México, por los delitos de posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, Ortega Maya acusó de tortura a más servidores públicos.

Entre ellos están los agentes del Ministerio Público Federal Esteban Jiménez Román y Hugo Guevara Puertos. El primero, según Ortega Maya, fue quien le quitó las vendas de los ojos después de la tortura a la que fue sometido en las instalaciones de la PGR, en la calle de López, colonia Centro, por órdenes de Avigaí Vargas.

También lo acusó de ser responsable de saquear su domicilio, ubicado en los alrededores del municipio de Huixquilucan, Estado de México, junto con el agente David Guevara Vargas, quien es tío de Hugo Guevara.

El litigante dijo reconocer a Liliana Loyola Guerrero (auxiliar del Ministerio Público federal), a Janis Vázquez Castillo (notaria pública que trabajó en SEIDO) y a Hugo Jesús Ortiz Hernández, quien alguna vez laboró como oficial administrativo en el quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

En expedientes judiciales consta que a Karina Ortega, hermana de José Gerardo Ortega, la obligaron firmar una hoja cuando fue a buscar a su hermano a la SEIDO. En el documento la mujer aceptaba que el abogado estaba en perfectas condiciones, “cuando ni siquiera se podía parar por las lesiones que le infligieron.

“En cuanto salí de esa oficina me dirigí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a levantar una denuncia, que quedó con número de expediente 4681/2012. Mientras me encontraba en la CNDH y al no obtener de mi hermano (José Gerardo) la declaración que necesitaban (los militares y agentes ministeriales), decidieron enviarlo a la casa de arraigo de la colonia Doctores y fabricar una averiguación previa por no haber cooperado”, manifestó Karina.

El litigante fue detenido el 3 de mayo de 2012, pero fue hasta el 28 de junio cuando lo enviaron al penal de máxima seguridad del Noreste (Tamaulipas), donde enfrenta un proceso por delincuencia organizada que inició una juez 10 del Reclusorio Oriente.

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Alerta por penales de Nuevo León

-El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, señaló que la situación de los penales de Topo Chico y Apodaca, Nuevo León, es un foco de atención urgente para evitar se repitan crímenes masivos o evasiones como en el pasado reciente.

“La sobrepoblación que existe en los mismos, las condiciones de abandono en las que estuvieron durante mucho tiempo, y que hoy por hoy han estado haciendo crisis, amerita una acción inmediata”, dijo el ombudsman, luego de firmar un convenio de colaboración con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

Lo anterior, apuntó, “tiene el objetivo de garantizar que quienes están dentro no se van a evadir y, por otra parte, que no va a existir un autogobierno, que es el que esté haciendo de las suyas dentro de los penales”.

Remarcó que los centros de readaptación de Apodaca y Topo Chico “ameritan de una revisión profunda”, no solo por lo expuesto, sino también para tener la certeza de “que quienes están dentro pagando una pena lo harán en condiciones como lo prevé la propia ley”.

Pidió que “tengamos como ciudadanos la garantía de que se les está dando algún tratamiento y que no se están cometiendo delitos desde dentro para lastimar a la sociedad”.(Redacción/Nuevo León)

Rubén Mosso