26 de junio de 2013 / 02:50 p.m.

Un juez federal exoneró a Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército mexicano acusado de vender al crimen organizado información de las secciones de Inteligencia y de Planeación de la Sedena en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

El juez primero de distrito de procesos penales federales en Tepic, Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, determinó que el testigo protegido Jennifer “mintió” en sus declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, resolvió que la PGR utilizó pruebas ilícitas y “no pudo acreditar los delitos” de delincuencia organizada y contra la salud que imputó al militar, a quien relacionó con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El mayor González Rodríguez fue notificado de la sentencia absolutoria a las 14 horas de este martes. Por casi cinco años permaneció internado en el penal federal de El Rincón, en Tepic.

El juez Fernández de la Mora también ordenó la libertad del abogado José Manuel Ramírez Bolaños, a quien se responsabilizó de servir a la mencionada organización criminal.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, que consignó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) como parte de la Operación Limpieza, González Rodríguez recibía pagos hasta de 100 mil dólares del citado cártel.

También fue acusado de vender armas de la Sedena a esa banda del crimen organizado y de capacitar a sus sicarios en el manejo de éstas.

El testimonio fue rendido en una ampliación de declaración realizada por el testigo protegido. Jennifer fue colaborador de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien fue jefe de sicarios del citado cártel del narcotráfico.

En dicha averiguación Jennifer declaró que González Rodríguez estaba adscrito al Cuerpo de Guardias Presidenciales y alardeaba de ser sobrino del general Arturo Riviello Bazán, ex secretario de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el testigo protegido, el mayor suministraba información de las acciones planeadas por las secciones Segunda (Inteligencia) y Séptima (Planeación) de la Sedena contra diversas organizaciones criminales.

También lo acusó de dar información sobre los movimientos del presidente Felipe Calderón para evitar un enfrentamiento con el cuerpo de seguridad de los hermanos Beltrán Leyva.

OmisionesEn mayo del presente año Arturo González Rodríguez pidió restar validez a las declaraciones de los testigos protegidos con nombre clave Felipe y Jennifer, debido a que la PGR incurrió en omisiones durante sus investigaciones.

De acuerdo con documentos judiciales del juzgado primero de distrito de procesos penales federales de Nayarit, a los que MILENIO tuvo acceso, el mayor del Ejército mexicano entregó las conclusiones de inculpabilidad y explicó las supuestas omisiones de la PGR.

La investigación contra el militar comenzó el 11 de julio de 2008, después de que la PGR recibió un oficio del encargado consular de la embajada de Estados Unidos en México por la declaración de José Alberto Pérez Guerrero, Felipe.

José Alberto trabajaba en la embajada, en la oficina de los US Marshalls, y acusó al abogado Roberto López Nájera, El 19 o Lázaro, de ser la persona que lo invitó a colaborar con los Beltrán Leyva para obtener información de la sede diplomática.

A pesar de que la PGR integró la averiguación previa contra el litigante, diligencias en las que estuvo presente Marisela Morales como titular de la SIEDO, se decidió no acusar a López Nájera, a quien le dio el nombre clave de Jennifer.

— RUBÉN MOSSO