Reynaldo Ochoa
27 de agosto de 2013 / 09:49 p.m.

 

Monterrey • El Congreso del Estado exhortó a la PGJE y a la CEDH para que intervengan y aceleren la investigación del caso del hombre arrestado por policías del municipio de Guadalupe y que apareció sin vida 15 días después, en un documento en el que además se sugiere enjuiciar a los elementos responsables por el delito de desaparición forzada.

 

La propuesta hecha este martes por el diputado local del PAN, José Luz Garza, durante la sesión de la diputación permanente, enumera las reformas aprobadas el pasado mes de diciembre y que permitieron la tipificación de la Desaparición Forzada de Personas y que de considerarse, los elementos de Guadalupe podrían ser los primeros en estrenar la nueva ley.

 

Se trata del caso de Eustacio Sorola Hernández, quien el pasado 31 de julio fue arrestado por policías de Guadalupe y tras permanecer 12 horas detenido fue enviado a la Cruz Verde debido a su estado de salud, y tras esto, nada se supo del hombre arrestado en la colonia Zozaya.

 

Sorola Hernández fue encontrado sin vida 15 días después de los hechos, sin embargo el municipio, a través del alcalde César Garza, se deslindó inmediatamente de los hechos.

 

En este sentido, la bancada local del PAN solicitó la intervención de la CEDH y la Procuraduría de Justicia del Estado.

 

"Se exhorta atenta y respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado para que se agilice las investigaciones relacionadas con el caso de los del ciudadano Eustacio Sorola Hernández.

 

"(Así como) a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a fin de que investigue los posibles delitos de lesa humanidad, cometidos por servidores públicos tras la detención del ciudadano, quien fue detenido por personal de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe", señaló.

 

En el documento sugiere que se aplique la figura de Desaparición Forzada de Personas, la cual se describe como la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de la libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero esas personas.

 

Además se exigió al municipio de Guadalupe hacerse solidario con la familia de Eustacio Sorola, como la víctima de este delito, que según el exhorto fue cometido por elementos del municipio de Guadalupe.

 

Al final el documento fue aprobado por unanimidad con los votos de las cinco bancadas que conforman el Congreso del Estado.