1 de agosto de 2013 / 09:57 p.m.

Ciudad de México • Miguel Fernández Iturriza llegó a la ciudad de México para hacer público los dos amparos que obtuvo por jueces federales y en los que se determina su entrada a las reuniones de comisiones de los regidores y a las sesiones previas de cabildo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que a la fecha son a puerta cerrada.

"Hemos entrado a tres sesiones previas de cabildo, todavía no podemos hacer uso de la palabra, pero creemos que con cambios en el reglamento podemos empezar muy pronto a tener voz, por tantos ciudadanos que quisieran tener acceso a los regidores. De lo que nos dimos cuenta es que esas reuniones sirven para que se pongan de acuerdo los partidos políticos; son a puerta cerrada muy informales y el alcalde nunca va, o por lo menos en las tres que he estado", dijo el también empresario.

Con su Asociación civil Plan estratégico de Juárez trabaja para lograr un amparo colectivo que permita a más ciudadanos asistir y presionar a que se aborden temas en beneficio de Ciudad Juárez. También buscan impulsar modificaciones a la reglamentación para que sean públicas las reuniones previas y las de comisiones.

"Estaríamos haciendo amparos colectivos para poder tener de cien o cinco mil personas en las reuniones y poder abrir esto y comenzar a realizar propuestas de cambios para la administración municipal, como por ejemplo la cantidad de personal que se puede contratar o conocer sobre el desarrollo urbano".

"Ciudad Juárez es la peor ciudad del país en desarrollo urbano, hay cerca de 110 mil viviendas abandonadas, la extensión de la ciudad es enorme, hay falta de servicios el trabajo es mucho trabajar con el alcalde electo", dijo Miguel Fernández.

En Ciudad Juárez las sesiones previas a cabildo y las reuniones de las comisiones son a puerta cerrada, lo que impide a la población y a los medios de comunicaciones conocer los asuntos y negociaciones que ahí se realizan.

Con estos amparos, los jueces dejan en claro que se debe tutelar los derechos de las personas a la participación en los asuntos públicos, que toda información en posesión de cualquier autoridad es pública y se debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Del mismo modo, puntualizaron que no existe ley o regla alguna que prohíba la presencia de la ciudadanía en estas reuniones.

Desde hace cinco años, Miguel Fernández quiso participar en el cabildo para escuchar lo que ahí se discute; "porque las votaciones no tenían ninguna relevancia para el bienestar de la sociedad y de la ciudad, muchas de las decisiones se tomaban por los intereses económicos, políticos y de partidos políticos".

Sin embargo, siempre se lo impidieron hasta que en junio se le concedió el amparo, y por el que tuvo que desembolsar alrededor de 100 mil pesos.

"Nos daba la impresión de que había mucha corrupción y ahora que pudimos entrar nos dimos cuenta que realmente si la hay, por esa razón quisimos poder hablar en cabildo y ahora lo logramos", concluyó.

ALEJANDRO MADRIGAL