12 de noviembre de 2013 / 01:01 a.m.

México.- Expertos de la UNAM y la BUAP urgieron a establecer acciones para erradicar la explotación sexual de mujeres y niños, que consideran una de las actividades delictivas más lucrativas del mundo, a la par del narcotráfico y la venta ilegal de armas.

Los especialistas consideraron que para erradicar ese problema se requieren, sobre todo, acciones preventivas y de atención a las víctimas, superar las carencias e insuficiencias en el ámbito legislativo, y estudios multidisciplinarios para atender sus causas.

Dolores Muñozcano, integrante del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que la esclavitud del siglo XXI constituye un atentado contra la vida, integridad, libertad y dignidad, y tiene un claro componente de género, al ser las mujeres las principales víctimas.

En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que en México no se cuenta con cifras o estadísticas reales del fenómeno.

Además, advirtió que el tráfico de personas no es exclusivamente con fines sexuales, y además se orienta a la utilización de niños para la mendicidad, adopciones ilegales y mercado de órganos.

En tanto, Verónica Caporal, consultora en género, consideró necesario diseñar esquemas de atención a las mujeres en contextos de prostitución, basados en sus condiciones de vida y los factores de vulnerabilidad a los que están expuestas.

Hay que trabajar para que se asuman como ciudadanas que pueden ejercer sus derechos o reducir el daño infligido por sus explotadores´. Para abolir su esclavitud sexual se requieren cambios profundos que erradiquen la violencia feminicida en todos los ámbitos, expuso.

A su vez, Erick López, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), indicó que en el ámbito legislativo persisten carencias y en los estudios antropológicos, sociológicos y jurídicos se registran insuficiencias.

Asimismo, el experto consideró que para abatir este flagelo la dificultad radica en que no existen programas académicos diseñados con un enfoque de prevención orientados a las víctimas.

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