ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN
29 de agosto de 2013 / 01:56 p.m.

Guerrero • Detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, denunciaron actos de extorsión, sometimiento a trabajos forzados, mala alimentación y abusos deshonestos por parte de varios policías comunitarios.

 

En una conferencia de prensa ofrecida en el centro de Chilpancingo, el síndico Armando Patrón Jiménez felicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el auto de formal prisión obtenido en contra de Nestora Salgado García, coordinadora de la policía ciudadana en Olinalá.

 

Patrón Jiménez reconoció que personalmente nunca recibió la petición de dinero en efectivo de parte de la dirigente de la CRAC, pero indicó que mientras permaneció cautivo en la comunidad de Tlatlauquitepec, acusado de participar en el robo de ganado, su familia recibió el reclamo de 300 mil pesos a manera de rescate.

 

El funcionario repitió la serie de abusos que dio a conocer al día siguiente de su liberación, ocurrida el 21 de agosto por elementos del Ejército mexicano y reiteró que Nestora Salgado integró una policía comunitaria dirigida solo por su familia, con el interés de empoderarse en Olinalá.

 

En la conferencia de prensa estuvo Katia Spinoso Bolaños, originaria del estado de Veracruz y quien permaneció tres meses en la Casa de Justicia de El Paraíso, sujeta a reeducación por orden de Nestora Salgado, ya que sostiene que nunca hubo elementos para incriminarla en un delito.

 

“Me detuvieron a bordo de un taxi, acababa de salir de un canta bar después de comprar algo de artesanías, ya iba de regreso a Tlapa que es donde vivía y trabajaba como auxiliar de una abogada”, manifestó la mujer de 24 años de edad.

 

Durante el traslado explicó a los policías comunitarios que por un padecimiento en la vejiga debía orinar con frecuencia; sin embargo, éstos no atendieron la situación y le impidieron ir al baño, razón por la que desahogó la necesidad fisiológica sobre sus ropas y ante la mirada de todos.

 

Acusó al consejero Arturo Campos Herrera de recibir 20 mil pesos de manos de su madre, Adriana Bolaños Gutiérrez, a quien le pudo informar de su detención dos semanas después de ocurrida.

 

“No fue la única ocasión en que se le pagó algo, en otros momentos varios comandantes pedían de cinco, cuatro y hasta 3 mil pesos para financiar sus traslados y hospedajes”, acusó.

 

El testimonio de la joven señala que en dos celdas pequeñas se mantuvo a más de 80 personas, a las que no se alimentaba de manera adecuada, entre otras cosas por la escasez que prevalece en esa parte de la Costa Chica.

 

Yesenia Castillo García y Dulce Rubí Burgos Pérez, dos menores de 17 años de edad, declararon que se les detuvo en el centro de Olinalá por órdenes de la comandante de la CRAC, que en el traslado hacia Ayutla sufrieron el manoseo de un segundo comandante llamado Juan Coronel Díaz.

 

“Nos llevaron en la caja de una camioneta descubierta y no les importó que lloviera, no nos permitieron ir al baño y nos orinamos en nuestras ropas, hicimos una pausa en Espino Blanco y en ese lugar los policías nos miraban raro”, aseguró Yesenia Castillo.

 

En la Casa de Justicia sufrieron padecimientos en la garganta, en la piel, diarreas y vómito, pero además se les sometió a trabajo en las comunidades.

 

“Nos pusieron a limpiar frijol, acarrear piedra, arrancar pasto y si no queríamos, nos castigaban, a veces nos ponían las pistolas en la cabeza para que nos dobláramos”, según el relato.

 

Agradecieron que el Ejército las haya sacado de la Casa de Justicia y solicitaron que se aplique la ley, ya que asumen que son varios los abusos cometidos en su contra durante el tiempo que permanecieron en manos de la CRAC.

 

Las tres mujeres señalaron que las sanciones les fueron determinadas en asambleas manipuladas, ya que los integrantes del órgano de gobierno de la CRAC no tienen instrucción escolar, en consecuencia, no tienen los conocimientos básicos para sancionar una irregularidad.