17 de febrero de 2013 / 05:57 p.m.

Monterrey • En el caso de Otilio Cantú, el estado pretendió, igual que a los dos estudiantes del Tec de Monterrey, hacerlo pasar por sicario; a Leticia Hidalgo, madre de un joven desaparecido, la Procuraduría local nunca la escuchó, y Samara Pérez, como el resto de familiares de víctimas del casino Royale, notó cómo la investigación del multihomicidio estaba viciada y politizada.

Por eso cada uno de ellos se activó y encabezan sus cruzadas, que aunque diversas, tiene un común denominador: la búsqueda de la verdad jurídica en tragedias que les atañen, y de una mayor eficiencia en los servidores públicos y el sistema de justicia.

Leticia Hidalgo era una maestra de bachiller a quien la vida le cambió drásticamente el 11 de enero de 2011.

Un grupo de tipos que vestían como policías municipales de Escobedo sacaron a su hijo Roy Rivera Hidalgo, de 18 años, de su casa y ya nunca supo de él.

“Varios meses estuvimos inertes, sin movernos, por el miedo, por el terror, pero por aquellos días pasó por aquí la marcha del poeta Javier Sicilia, y decidimos sumarnos a él e iniciar nuestras acciones, junto con muchos familiares más de desaparecidos”.

La maestra recuerda que la denuncia por la desaparición de Roy, quien estudiaba en la facultad de Filosofía de la UANL, nunca fue atendida por la Procuraduría.

En el marco de las movilizaciones nacionales, Leticia Hidalgo se unió con mas familiares de desaparecidos y organizaron Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos, a través de la cual, con el apoyo de otros colectivos, realizan toda una cruzada para encontrar a sus seres queridos.

El doctor Otilio Cantú, cuyo hijo Jorge Otilio Cantú fue asesinado por militares en funciones de policías preventivos estatales el 18 de abril de 2011, dice que siempre ha ido a contracorriente del sistema.

“A mi hijo quisieron, ya muerto, convertirlo en sicario; no lo lograron. Alteraron la escena donde lo mataron, a mansalva, echaron una serie de mentiras en sus informe, a la Procuraduría, no hicieron bien la autopsia y encima de eso querían que la Corte Militar juzgara a los criminales”.

A 22 meses de su cruzada, la Corte determinó que el caso sea juzgado en la justicia civil, y el doctor espera que ahora sí se haga justicia en su caso.

Samara Pérez madre de Brad Xavier Muraira, de 18 años, una de las 52 víctimas mortales del atentado al casino Royale, se activó también para exigir que las autoridades despolitizaran el caso más grave de ataque por el crimen organizado en contra de la población civil, y para que se aplicara justicia.

A 18 meses de los trágicos hechos, y aunque la justicia aún no se aplica a todos los responsables, Samara considera que han avanzado.

“A partir de la recomendaciones emitidas, primero del Tribunal Interamericano que le hizo un llamado a la Comisión Nacional, nos damos cuenta que la globalización de los Derechos Humanos es muy importante y que esto va a obligar a las autoridades de todo el mundo a actuar al respecto”.

 ALEJANDRO SALAS