25 de julio de 2013 / 05:16 p.m.

Monterrey • Será la falta de una legislación local o la capacitación de los Ministerios Públicos, pero los integrantes de la Fundenl que han intentado acreditarse como víctimas han obtenido la misma respuesta en las últimas semanas: “¿Y eso cómo se hace?

Algunos integrantes de la Procuraduría de Justicia dicen a los afectados que ya son considerados como ofendidos del delito según la ley local, por lo que no es necesario realizar ningún otro trámite. Otros les piden esperar a “que pregunte” a sus superiores de qué se trata, pero nadie tiene una respuesta directa.

En Nuevo León no existe todavía un registro de víctimas, pues la ausencia de ley local no ha entregado esa facultad a ninguna instancia pública.

Leticia Hidalgo, líder de esta agrupación, es la primera nuevoleonesa que ha logrado acreditarse como víctima ante las autoridades estatales, pero para ello tuvo que hablar con los superiores de la persona que lleva su investigación, para que le “liberaran el proceso”.

El trámite tomó siete días y no las 48 horas que marca la ley, y se le respondió por medio de un escrito en el que se estaba autentificando su firma.

“Tuve que acudir a una instancia superior para que diera la instrucción al agente del MP para que se me extendiera el acuerdo”, cuenta.

Conocida por su labor activista, la mujer sufrió de la desaparición forzada de su hijo Roy Rivera, joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.

“Hemos encontrado algunas respuestas negativas a que se nos acredite como víctimas, pero conocemos que bajo el auspicio de esta ley, tenemos todo el derecho para nos hagan valer nuestro derechos”, explica.

La búsqueda y localización de los desaparecidos es la primera causa que les mueve, ya que desean colaborar, conocer y participar de la investigación.

Señaló que desean saber cuántos cotejos de ADN se han realizado en los servicios periciales, y si han encontrado a sus familiares, o si se han dado resultados positivos en algunos de los casos.

El caso de Francisco Lugo Silva es similar. Se enfrentó a la misma falta de capacitación en el Ministerio Público adscrito al municipio de Cadereyta. Busca a su hermano José Ángel Rivera Silva, desaparecido el 23 de noviembre en la carretera de Cadereyta a Matamoros, en Tamaulipas.

“La semana pasada solicité mi acreditación como víctima, el día 12 de julio y en el Ministerio Público de Cadereyta, pero allí me dijeron que yo ya estaba considerado como afectado.

“Tuve que aclarar que, en base a la nueva Ley General de Víctimas, mi familia y yo también lo somos, y que podría solicitar todos los derechos que esto trae.

“Lo que busco es tener una coadyuvancia más efectiva en la investigación, hasta ahorita lo he hecho, pero no he tenido”, dice.

Al solicitar la intervención de las autoridades locales en la capacitación de los servidores públicos, señala que ha percibido poco avance en la investigación del caso de su hermano, por lo que es su deseo colaborar con la misma.

Lugo Silva señala que la falta de información en torno al proceso es justamente una de las razones por las que existen dudas o incertidumbre en torno a que se siguiera realizando una averiguación que les lleva al paradero de su familiar.

Cotejos de ADN con los cuerpos en el Servicio Médico Forense, coordinación y tránsito de información entre las corporaciones policiacas de los estados vecinos, solicitud de información a otras dependencias, son cosas que él quisiera saber si se están llevando a cabo y que gracias al derecho de petición que les otorga la Ley de Víctimas, podría tener.

DANIELA MENDOZA