21 de enero de 2013 / 02:59 p.m.

Monterrey.- Han pasado más de dos años desde que balas militares le arrebataron la vida a su hijo, una madrugada de noviembre afuera de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, y doña Rosa Elvia Mercado sigue sin cerrar la herida por culpa de la burocracia gubernamental.

Se ha demostrado que Jorge Antonio Mercado fue una víctima inocente más, pero este hecho no consta de manera oficial.

"A mí lo que más me duele es que oficialmente, mi hijo todavía esté como un sicario, eso es lo que a mí me duele mucho…me mostraron una carta extraoficial, (me dijeron) esto es lo que está en proceso, y en donde se iba a (decir) que los muchachos no eran sicarios, pero era extraoficial, ahorita no hay nada", detalló la mujer.

Todavía hace un mes, un mando de la Sedena le habló para decirle que el reconocimiento de la inocencia de su hijo "se encuentra en proceso".

Es el mismo drama que atraviesan decenas de familias cuyos seres queridos fallecieron en la guerra contra el crimen organizado, confundidos por delincuentes o autoridades, o bien, recibieron una bala que no era para ellos.

La problemática fue abordada ayer en la mesa de Cambios, momento que los deudos aprovecharon para reclamar la falta de atención a sus casos.

"Definitivamente yo creo que la situación de todos los que somos familiares o que somos directamente afectados por esta violencia creo que si nos sentimos totalmente desprotegidos, porque no hay una unión entre las autoridades o no se comunican para dar una atención mejor", sostuvo Lucila Ocañas, cuya hija perdió la vida en la calle Morelos al quedar en medio de una balacera.

Otro caso de desgaste expuesto durante la mesa redonda fue el del doctor Otilio Cantú, cuyo hijo fue asesinado en la avenida Lázaro Cárdenas y la escena alterada para que simulara que disparó a un equipo militar con funciones de Policía local, que a la fecha sigue peregrinando entre la justicia militar y civil sin que nadie lo atraiga.

De acuerdo con organismos civiles, la cantidad de personas atendidas por casos de esta naturaleza se han multiplicado.

"¿Cuántos casos hemos visto? Como hemos estado repartidos en diferentes puntos, en total yo creo que hemos visto cuatro mil casos", informó Gerardo Cantú, del Equipo de Intervención en Crisis.

En el ámbito de las propuestas, especialistas como Luis Eduardo Zavala, consultor en la materia, consideró prudente una nueva legislación que evite que el gobernador designe al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

También coincidieron que las reformas en puerta ayudarán a limitar al mínimo casos como los registrados en años recientes en Nuevo León.

LUIS GARCÍA