1 de marzo de 2013 / 01:25 p.m.

 Los policías federales Adrián Domínguez Rolón y Miguel Gutiérrez Cruz cumplían sus últimas 48 horas de servicio en Uruapan, como parte del despliegue del operativo Michoacán Seguro. La última vez que sus familias supieron de ellos, se encontraban en el hotel Regis, donde se hospedaban hacía tres meses.

Su caso es uno de los 249 que registró Human Rights Watch en su informe “Los Desaparecidos en México”. Los nombres de esos dos policías engrosan también las bases de datos del gobierno con la averiguación previa AP/PGR/MICH/UI/15-/2011, levantada en Uruapan.

Con su desaparición, la tarde del 17 de febrero de 2011, inició el vía crucis de las familias de Miguel y Adrián, que tras sus propias investigaciones señalaron al comandante Teodoro Bonfil como responsable.

Dos años tocaron las puertas del gobierno de Felipe Calderón sin respuesta. El pasado 20 de febrero Víctor Rolón, tío de Adrián y Ángeles Gutiérrez, hermana de Miguel, se entrevistaron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador Jesús Murillo Karam.

El nuevo gobierno se comprometió a integrar una base de datos y a destinar 20 agentes, salidos de la academia, para investigar igual número de casos. Pero la revisión de solo 20 casos no los dejó satisfechos. "“Vemos al menos la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, tenemos la esperanza aún y vamos a ver cómo podemos hacer para que se revisen todos los casos"”, explicó Víctor Rolón, tío de Adrián.

“Mucha gente nos dice que para qué lo buscamos, que ya está muerto, pero nosotros decimos que no, porque una persona cuando se encuentra muerta, te lo avientan en algún lado, nosotros hemos ido a semefos, pero no hemos encontrado nada"”, explica Ángeles Gutiérrez, mientras sostiene con una mano la fotografía de su hermano y la averiguación previa de su caso.

El tío de Adrian, Víctor Rolón, residente en Houston, Texas, y quien se ha hecho cargo de la búsqueda de su sobrino, aunque eso signifique pasar de un trabajo con una remuneración de mil 200 dólares a la semana a empleos temporales para poder viajar a México constantemente, explica que “a dos años de su desaparición, seguimos en el mismo punto, no sabemos, solo por nuestras investigaciones podemos deducir que el comandante Teodoro Bonfil es el responsable de las desapariciones de Miguel y Adrián”.

Él estaba a cargo de los federales desplegados en Uruapan y, según los familiares, no levantó el acta por la desaparición de sus subordinados.

De acuerdo con Víctor Rolón, el comandante dio explicaciones contradictorias, negó acceso a los registros de sus celulares, a las imágenes de la cámara del C4 ubicada justo frente a la puerta del hotel donde desaparecieron y otro tipo de irregularidades que despertaron las sospechas de los familiares.

Como parte de las investigaciones que hicieron sin ayuda de las autoridades, los familiares de los federales desaparecidos descubrieron que en Lázaro Cárdenas, a unos 250 kilómetros de Uruapan, había un acta que señalaba a ese comandante como responsable de la desaparición de tres policías más.

La ley de Víctimas, explica, no aplica para el caso de las desapariciones de su sobrino y su compañero Miguel, además la justicia no llega, pues la autoridad no les facilita su búsqueda. “Nosotros por propia cuenta hicimos nuestras investigaciones, no hemos recibido apoyo, porque no tenemos poder económico, o político, no somos la señora Wallace ni Martí o Humberto Moreira”.

La Fundación Unidos por los Desaparecidos de México, que inició en Coahuila y que se extendió a todo el país por el incremento de las desapariciones forzadas, documentó casi 300 casos, todos con un patrón muy similar en la actuación de las autoridades. Esta lista fue entregada a Human Rights Watch y en algunos casos —los menos— se entregaron también a Províctima.

— LILIANA PADILLA