22 de abril de 2013 / 12:39 p.m.

La tercera parte de los fondos que el Gobierno Estatal destina para el apoyo al campo mediante distintos fideicomisos termina en el rubro del gasto operativo en cada uno de estos entes paraestatales.

El 32 por ciento de los 117 millones de pesos que se ejercieron en 2011 en el sector agropecuario se quedó entre las oficinas de la administración gubernamental y los campos del estado, según estimaciones realizadas de las cuentas públicas de estos organismos.

Lo anterior, a pesar de que Nuevo León entraba ya en una crisis por la falta de lluvia, si bien las presas se encontraban en una mejor situación que la actual.

En total fueron 38 millones 162 mil pesos los ejercidos por cuatro fideicomisos en servicios generales, es decir, gastos que van desde honorarios profesionales hasta mantenimiento de vehículos, gasolina, viáticos y facturas de servicios telefónicos, según los propios informes de cuenta pública de los diferentes organismos.

Según estos informes, los empleados de Fidecitrus (Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León), Fidesur (Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado), Fonagro (Fondo Estatal para el Fomento y Desarrollo de Actividades Agrupecuarias, Forestales, de la Fauna y de la Pesca) y Fofae (Fondo de Fomento al Campo), se quedaron con 19 millones 730 mil pesos a través de sus salarios y prestaciones.

Esto se da también mientras la administración de Rodrigo Medina aplica la fusión de algunas dependencias y la supresión de por lo menos seis fideicomisos del aparato gubernamental, todo en aras de la austeridad y para superar la crisis financiera que arrastra el estado.

En opinión del secretario de Finanzas y tesorero del Estado, Rodolfo Gómez Acosta, ésta es la manera más rápida y efectiva de ahorrar recursos, aunque no estuvo considerada desde un principio por el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF).

Son 27 los fideicomisos que operan dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además de ocho que ya están en calidad de extintos y ya no reciben presupuesto del estado.

Éstos han sido constantemente cuestionados por considerarlos una carga burocrática para las finanzas y por toda la oscuridad con la que se manejan.

Una de las críticas es que casi todos tienen funciones que también realizan dependencias estatales, municipales e incluso federales, sin contar la cantidad de señalamientos de operaciones cuestionables que les realiza la Auditoría Superior del Estado en su fiscalización.

En los informes de las cuentas públicas 2011, queda en evidencia el descontrol financiero y la falta de una contestación convincente ante los cuestionamientos del organismo fiscalizador.

 — DANIELA MENDOZA LUNA