21 de octubre de 2013 / 01:41 p.m.

 

Las cuentas públicas de 2012, recién llegadas la semana pasada al Congreso del Estado, dejan al descubierto la situación con montos millonarios de irregularidades.

 

Un ejemplo de ellos es el fraccionamiento Hacienda El Palmar, ubicado a unos metros de la zona de las pedreras y en un lugar donde solo debían existir industrias.

 

La situación es tal que un Juez Federal ordenó el año pasado su desalojo y demolición… pero el municipio ignoró la orden.

Como Santa Catarina, otros municipios exhiben distintas muestras del desorden en materia de Desarrollo Urbano que persiste en la zona metropolitana y en general en Nuevo León.

 

En mayo de 2012 un juez federal ordenó al municipio de Santa Catarina aplicar medidas deseguridad establecidas en los artículos 265 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en la colonia El Palmar, que implican el desalojo y la demolición de la misma.

 

Se trata de un proceso que data de las administración 2009 y 2012, que encabezó el panista Gabriel Navarro, e incluso de su antecesor Dionisio Herrera, cuando la empresa ABC y Construcciones, arrancó la construcción de esta colonia, sin contar primero con los permisos de cambio de uso de suelo de la zona, pero con un permiso de construcción que otorgó el entonces secretario de Desarrollo Urbano, René Garza Valdez.

 

“Se observa que la entidad municipal autorizó un fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata en una zona apta únicamente para usos de suelo con giro de tipo industrial, por lo que se incurre en responsabilidad administrativa”.

Sin embargo el municipio no llevó a cabo la acción establecida en los artículos 265 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano, ya que según justificó “ya está habitado el fraccionamiento”.

Con esto el Ayuntamiento violó no sólo leyes estatales, sino que desobedeció el mandato de un juez federal.

Un análisis hecho por MILENIO Monterrey a las cuentas públicas de los municipios metropolitanos arrojó mil 19 observaciones en los apartados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Esto a su vez representa un monto observado de 5 millones 566 mil 476 pesos, siendo el municipio de García el que más irregularidades presentó con un millón 629 mil pesos, llevando a la Auditoría Superior del Estado a sugerir la intervención de la Secretaría de la Función Pública para emitir sanciones a quien resulte responsable de la administración del ex alcalde Jaime Rodríguez Calderón.

Pero no fue el único, de ahí el municipio de Juárez evidenció la falta de aplicación de sus propios reglamentos de Desarrollo Urbano al presentar irregularidades por casi por un millón de pesos, pues la Auditoría Superior del Estado detectó la construcción de 23 fraccionamientos sin permisos de construcción, cambios de uso de suelo y contratos para servicios básicos, como agua potable, luz, gas y alumbrado.

Esto último representa una de las principales fallas en la mayor parte de los municipios que presentan crecimiento, como Apodaca, Escobedo, Juárez y otros de ultracrecimiento como Zuazua, Pesquería y Ciénega de Flores.

Asimismo, municipios Santa Catarina, Apodaca y Monterrey autorizaron fraccionamientos en los límites de su municipio y zonas alejadas de la urbanización sin tomar en cuenta los planes de desarrollo de Transporte Público, que a la larga provocará que sus habitantes no puedan tener acceso a este servicio

La documentación indica que los municipios del Estado han ignorando planes de Desarrollo Urbano, incluido el del Estado, vendiendo terrenos sin pasar por el Congreso Local y autorizando nuevos fraccionamientos sin permisos.

 — REYNALDO OCHOA Y DANIELA MENDOZA