2 de marzo de 2013 / 12:51 a.m.

La coordinadora de asesores de la PGJ, Anacleta López, recibió a un grupo de familiares de las personas entregadas por los grupos de autodefensa de la Costa Chica.

 Guerrero • La Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJ) se comprometió con familiares de las personas entregadas por la autodefensa de la Costa Chica a garantizar el respeto a sus derechos humanos, además de que su situación jurídica se defina con estricto apego a la ley.

La mañana del viernes, la coordinadora de asesores de la PGJ, Anacleta López Vega recibió a un grupo de familiares de las personas entregadas por la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), tras las acciones desplegadas durante los primeros días de enero.

El compromiso afianzado este viernes, lo hizo a nombre de la fiscal guerrerense Martha Elva Garzón Bernal.

Indicó que la dependencia tiene el compromiso de respetar con estricto apego a la ley los derechos humanos de los arraigados, a los que dijo, se les ha brindado atención médica y psicológica, por parte de personal profesional.

En un comunicado, la PGJ indicó que la vigilancia del caso ha estado a cargo de la dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.

Como prueba de que se han respetado las garantías de los arraigados, dijo que está el hecho de que los familiares han estado en contacto directo con ellos.

En la sala de juntas de la PGJ, López Vega escuchó a los familiares de los entregados por la autodefensa, los que también expresaron su confianza de que haya la atención correspondiente y que no se permitan excesos.

La funcionaria manifestó que se realizan las investigaciones encaminadas a establecer correctamente si los detenidos por la UPOEG tienen responsabilidad o no en los hechos que se les imputan.

Los familiares de los arraigados fueron encabezados por el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.

ROGELIO AGUSTÍN