7 de febrero de 2013 / 10:09 p.m.

Guillermo Pasquel, asesor jurídico de la empresa PASA, aseguró que junto con la PGR se iniciará el proceso de desafuero del ahora diputado local, Manuel Martínez Garrigós.

 Cuernavaca • El Tribunal Unitario de Circuito con sede en esta ciudad, ordenó la aprehensión del diputado y presidente estatal del PRI, Manuel Martínez Garrigós y dos de sus ex colaboradores en el gobierno local.

De acuerdo con la toca penal 415/2012, Manuel Martínez, ex presidente municipal de Cuernavaca, el ex secretario municipal de dicho Ayuntamiento, Rodrigo Gayosso Cepeda y la tesorera de esa administración 2009-2012, Araceli González Verazaluce, son responsables de violar la protecciòn de la justicia a favor de la empresa regiomontana, Promotora Ambiental La Laguna (PASA).

Durante sus primeros meses como alcalde de Cuernavaca, Martínez Garrigós inició una cruzada contra la empresa con el fin de hacerla a un lado del servicio de recolección de basura, concesión que le había sido otorgada por 20 años.

En 2009 la empresa buscó y logró el amparo de la justicia federal para no ser hecha a un lado de sus actividades, y que sus cobros no fueran frenados. Sin embargo, de forma unilateral, Martínez Garrigós ordenó el retiro de la concesión, pese al ordenamiento judicial.

Martínez Garrigós no concluyó su periodo como alcalde, pues intentó ser candidato de su partido a la gubernatura, lo cual no pudo conseguir y fue nombrado encargado del despacho de la presidencia estatal del PRI, desde donde se perfiló a una diputación plurinominal.

Guillermo Pasquel Hernández, abogado de la empresa, confirmó la orden de aprehensión, y recordó que como derivado de dicho conflicto, aún se espera la resolución del embargo que la empresa trabó al Ayuntamiento de Cuernavaca por más de 200 millones de pesos.

El asesor jurídico aseguró que junto con la Procuraduría General de la República (PGR), se perfilará el proceso jurídico correspondiente para iniciar el proceso de desafuero del ahora diputado, quien también enfrenta diversos señalamientos por desviación de recursos públicos.

DAVID MONROY/ CORRESPONSAL