2 de agosto de 2013 / 12:52 a.m.

Guerrero • El gobierno estatal confirmó que ya atiende el problema que representa la existencia de un número todavía no determinado de personas desplazadas de sus comunidades en San Miguel Totolapan, a partir de la presunta incursión de grupos de la delincuencia organizada.

El gobierno estatal informó a través de su portal oficial que integrantes del Comité Integral para la Atención de los Desplazados, del que forman parte elementos de la Fuerza Estatal y dependencias de la federación llegaron a la comunidad de Las Chascuitas, perteneciente a San Miguel Totolapan para apoyar y dar seguridad a las familias que se desplazaron tras un enfrentamiento entre presuntos grupos delictivos.

El gobierno estatal indicó que el número de desplazados todavía no está determinado, pero confirmó que el hecho se suscitó desde la mañana del lunes.

En el recorrido intervino el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera, y el subsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.

Ellos encabezaron una brigada multidisciplinaria que se reunió con los pobladores para elaborar un censo e identificar las prioridades que enfrentan tras los hechos de violencia que los sacaron de sus casas.

El responsable de la política interna conoció los daños ocasionados a vehículos y recorrió las viviendas afectadas en las Chascuitas, luego informó que hay desplegados elementos de la Fuerza Estatal y del Ejército en el área, que recorrerán la zona, para garantizar su integridad.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que un grupo de peritos realiza ya las investigaciones en cuatro viviendas quemadas, por lo que pidió la colaboración de la población para ubicar a los agresores.

Victoriano Sánchez Carbajal, subsecretario de asuntos jurídicos señaló que ya está en marcha la elaboración del censo para entregar los apoyos que requiere la comunidad, que indicó, se integra por 14 viviendas.

También atienden a desplazados de La Laguna

También se informó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) acordó con familiares de víctimas y desplazados de La Laguna y Hacienda de Dolores, realizar una investigación exhaustiva y profesional respecto a las agresiones que han sufrido en los últimos años.

El procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, y los representantes de las familias de desplazados, Manuel Olivares y Bertoldo Martínez Cruz, firmaron una minuta de acuerdos en la que se pactó la práctica de investigaciones ministeriales, el desahogo de declaraciones y la realización de pruebas periciales que permitan el perfeccionamiento de las averiguaciones previas iniciadas.

Se aclaró que no en todos los casos expuestos se han presentado las denuncias correspondientes, pero se acordó recabarlas para iniciar nuevos expedientes de investigación, todos relacionados con delitos cometidos contra los desplazados.

 — ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN