Gobierno de Guerrero registra desvío de recursos
Saldos sin explicar, obras sin concluir, contratos sin licitar y demás irregularidades en casi todas las oficinas estatales.
México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó 528 millones de pesos en daños al erario en el segundo año de gobierno de Ángel Aguirre, en el que se registraron de nueva cuenta numerosos desvíos, saldos sin explicar, obras sin concluir, contratos sin licitar y otras irregularidades.
Al analizar el uso de fondos federales asignados a Guerrero en 2013 ?muchos de ellos etiquetados para combatir la inseguridad y pobreza?, la ASF descubrió que incurrir en irregularidades es la tónica para muchos servidores guerrerenses: hay actos de corrupción en casi todas las oficinas administrativas sometidas a revisión, lo mismo estatales que municipales y desconcentradas.
Los auditores descubrieron reportes incompletos y cifras mal calculadas en los libros de todas las dependencias que reciben fondos del gobierno federal. Destacan la Secretaría de Finanzas, la de Salud, la delegación de la SCT en la entidad y la alcaldía de Acapulco.
Algunas irregularidades versaron en mal uso técnico de los fondos, al concentrarlos en una sola cuenta sin reintegrar los intereses a la Tesorería de la Federación. Otras son más difíciles de explicar. Es el caso de Finanzas. La dependencia que fue utilizada por varios colaboradores del hermano del gobernador y de él mismo en una trama de corrupción destapada por el gobierno federal, simplemente perdió dinero de un plumazo.
"(Se) transfirió un importe de 23 millones 575 mil pesos, a la cuenta bancaria de la Secretaría de Salud de Guerrero (encabezada entonces por Lázaro Mazón), de los cuales se desconoce su destino, debido a que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente", destacó la ASF.
Hay otros 24 millones cuyo destino es difícil de explicar. La Comisión de Infraestructura Carretera de Guerrero, otra área bajo sospecha de haber sido usada en la red de corrupción de Mateo Aguirre, usó esa cifra para pagar supuestos estudios de manifestación de impacto ambiental, técnicos y hasta "programas ambientales" de los que no existen registros.
FOTO: Archivo
TEXTO: VÍCTOR HUGO MICHEL/ MILENIO
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