11 de enero de 2013 / 01:22 a.m.

Los retenes en Ayutla y los municipios involucrados en el movimiento se van a mantener, aunque se cuidará que estos se desarrollen en el marco de la legalidad, dijo el secretario General de Gobierno Humberto Salgado Gómez.

 Guerrero • El gobierno estatal anunció que intervendrá en el movimiento contra el crimen que mantienen habitantes de cuatro municipios de la Costa Chica contra el crimen organizado, pero aclara que no pedirá el desarme de los policías comunitarios.

La tarde del jueves 10 de enero, el secretario General de Gobierno Humberto Salgado Gómez encabezó una reunión de trabajo con los dirigentes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG).

En dicho encuentro participaron funcionarios como la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) Martha Elva Garzón Bernal, el secretario de Seguridad Pública (SSP) Guillermo Jiménez Padilla y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al término del encuentro, el responsable de la política interna manifestó que el asunto de Ayutla se abordará de manera integral, para lo que se integrarán grupos de trabajo tematizados.

"Sí vamos a trabajar en el tema de seguridad pública pero también en el terreno educativo y del transporte, no haremos una mezcolanza de manera irresponsable y la UPOEG estará presente en cada una de las mesas", indicó.

Salgado Gómez señaló que la autoridad estatal tiene el interés de recuperar la paz pública y para ello es importante generar un clima de trabajo y confianza.

Indicó que los retenes en Ayutla, y los municipios involucrados en el movimiento, se van a mantener, aunque se cuidará que estos se desarrollen en el marco de la legalidad, haya o no coordinación.

Sostuvo que los delitos que se denuncian no van a quedar impunes y mucho menos se les va a minimizar, por eso es que la comunicación será permanente y no se dejará crecer ningún tipo de amenaza.

Indicó que la administración estatal tiene muy claro lo que ocurre y en consecuencia, sabe que debe trabajar de manera coordinada con los integrantes de la UPOEG, por eso apuntó: "Nosotros no vamos a dar palos de ciego".

Y reconoció: "Todos sabemos que esta cuestión de autodefensa fue una reacción natural que tuvieron esas comunidades, ahora como autoridades tomamos el problema en nuestras manos y tenemos que actuar en consecuencia".

Precisó que no se va a solicitar el desarme de la gente que está en los retenes, ya que se les reconoce como policías comunitarios y por lo tanto, no tiene caso hacer un planteamiento que va a generar una discusión innecesaria.

"En las fotografías podemos ver que no hay armas de alto poder, eran en algunos casos de las que utiliza la policía comunitaria, nosotros queremos poner este caso en su justa dimensión y atenderlo como debe ser, eso creo que es lo mejor".

La intervención del gobierno, agregó, tampoco implica el levantamiento de los retenes y por el contrario, el planteamiento es de permitir que haya una coordinación mayor.

"Hay que comprender que cuando ellos actuaron lo hicieron para defender lo más preciado, la vida de sus familias y su patrimonio; la autoridad no debe comportarse sorda ni debe carecer de sensibilidad para procesar el problema", indicó.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN