28 de febrero de 2013 / 02:09 p.m.

Un equipo multidisciplinario del gobierno federal (capacitado en el sexenio anterior) está asignado a las investigaciones para identificar personas “desaparecidas” y víctimas de la delincuencia que, se presume, fueron enterradas en fosas clandestinas.

Mediante técnicas científicas y forenses, entre enero y febrero de 2013 han sido localizados al menos ocho cuerpos de personas secuestradas, ejecutadas e inhumadas en Guerrero.

Más de 70 agentes del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) recibieron adiestramiento de la Policía Federal (PF) durante la recta final del gobierno de Felipe Calderón, informaron funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Comentaron que por el alto nivel de especialización que se alcanzó durante los cursos de trabajo multidisciplinario en fosas clandestinas se analiza la posibilidad de fortalecer y continuar con esta capacitación que impartieron expertos de la PF durante el último trimestre de 2012.

El adiestramiento se llevó a cabo con base en protocolos internacionales y técnicas de vanguardia. Además, se utilizaron restos humanos (óseos) y “trampas” con señuelos, además de que se analizaron exhumaciones en diversas condiciones de terreno y climas para perfeccionar el trabajo de campo de los agentes de diversas fiscalías de la PGR.

Ante decenas de casos de víctimas de la delincuencia que han sido sustraídas de los núcleos social y familiar, las cuales fueron sepultadas en fosas clandestinas, la PF consideró indispensable designar un grupo de especialistas para diseñar estrategias técnico-científicas que fueron impartidas a los fiscales.

Los servidores públicos de la SEIDO adquirieron conocimientos de anatomía, antropología, dactiloscopía, entomología y fotografía, entre otras ramas de la ciencia, con el propósito de hacer más eficiente su labor en la búsqueda de personas que tienen el estatus oficial de “desaparecidos” y de “víctimas de la delincuencia”.

El curso multidisciplinario abarcó temas como criminalística, protocolos para la exhumación de un cadáver, ubicaciones geográficas y cadena de custodia para la adecuada preservación de la evidencia que pueda llevar a la identificación de los cuerpos y de los probables responsables.

“Se les habló también a los agentes del Ministerio Público de técnicas para la recuperación de un cadáver, de la edafología que abarca los tipos de suelo, del tamizado de los suelos excavados en busca de restos o proyectiles de arma de fuego u otros objetos, de química toxicológica”, señalaron funcionarios de la PGR.

Aunque estos cursos de especialización se impartieron al final de la administración pasada, han dado resultados en este sexenio, ya que algunos de los servidores públicos han participado este año en el hallazgo de fosas clandestinas en Guerrero.

Uno de estos casos fue dado a conocer el fin de semana pasado junto con la captura de Ricardo Reza García, presunto líder de una célula del autodenominado cártel independiente de Acapulco, a quien el gobierno federal atribuyó la violencia en el puerto.

Actualmente se trabaja en la creación de un protocolo de coordinación con autoridades estatales y municipales, y se elabora una base de datos nacional de personas desaparecidas o “no localizadas”. Para este año se destinará un presupuesto de 223.7 millones de pesos para la “atención integral” a familiares.

En enero pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comprometió al gobierno de Enrique Peña Nieto a buscar a todos los desaparecidos.

“Vamos a buscar a todos, porque es compromiso y convicción del presidente Enrique Peña Nieto”, dijo tras reunirse con familiares de las víctimas:

La búsqueda de las personas desaparecidas es un asunto de voluntad que tiene el actual gobierno y prueba de ello es la reciente publicación de la Ley General de Víctimas, sostuvo.

La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la misma dependencia federal, Lía Limón, dio a conocer esta semana la lista oficial de personas desaparecidas, en la que hay 26 mil 121 víctimas.

— IGNACIO ALZAGA