28 de agosto de 2013 / 01:14 a.m.

Guerrero • El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, sostuvo que se hará prevalecer al Estado de derecho en la crisis que se atraviesa con las policías comunitarias de la entidad, ya que en los últimos días se han cometido actos que trastocan la ley.

En Chilpancingo, el responsable de la política interna sostuvo que está abocado a la búsqueda de una salida al conflicto por la vía de la conciliación; sin embargo, manifestó que las instancias legales trabajan por su cuenta para destrabar los asuntos que tienen relación con las acciones que, aseguró, trastocan la ley por la violencia con que se desarrollan.

"Habrá que ver qué es lo que resuelven las instancias de legalidad, sobre todo porque hay situaciones que ya rompieron al Estado de derecho", apuntó.

Comentó que ha dialogado con los representantes de la policía comunitaria de Tixtla, por lo que durante el fin de semana se generaron avances importantes, razón por la que le pareció extraña la determinación de tomar ayer las instalaciones del Palacio Municipal.

Lamentó que del diálogo se haya dado un salto hacia una serie de hechos que trastocan la ley, lo que de alguna manera representa un retroceso en el proceso de discusión que inició desde el viernes pasado.

"Por el simple hecho de observar lo que miramos el día de ayer (el enfrentamiento entre comunitarios y preventivos), es claro que se rompió el Estado de derecho", indicó el responsable de la política interna.

La aplicación de la norma a partir del despojo de cinco armas de fuego propiedad de la administración estatal, indicó que será determinada por el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Iñaki Blanco Cabrera.

En cuanto a los cargos que se imputan a la coordinadora de la CRAC en la cabecera municipal de Olinalá, Nestora Salgado García, y los policías comunitarios detenidos en la Costa Chica y Montaña, dijo que se trata de cargos que se sancionan por el fuero común.

Confirmó que Salgado García permanece detenida en un penal federal del estado de Nayarit, de tal manera que su familia ya tuvo comunicación con ella y se descarta la posibilidad de que se le considere como desaparecida, como lo declararon varias organizaciones sociales el pasado domingo.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN