28 de enero de 2013 / 01:44 a.m.

Guerrero • La comisión Instructora del Congreso de Guerrero definirá hasta finales de febrero la forma en que continuará el juicio político contra el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas y del ex secretario de Seguridad Pública local, Ramón Almonte Borja, quienes están involucrados en el caso Ayotzinapa.

Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión Instructora del Poder Legislativo de Guerrero, informó que el juicio instalado a partir de la petición hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está por entrar en su tercera etapa.

La primera fase consistió en la aceptación del juicio derivado de presuntas irregulares cometidas en el desalojo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la mañana del 12 de diciembre de 2011.

La segunda etapa estuvo integrada por la comparecencia ante dicha comisión del ex procurador López Rosas y una representación de estudiantes de Ayotzinapa, quedando pendiente la comparecencia del ex titular de la SSP Ramón Almonte Borja y de oficiales de la Policía Federal (PF) que ese día estuvieron a cargo de la acción contra los estudiantes.

El diputado Flores Majul manifestó que será la última semana de febrero cuando los integrantes de la Instructora se reúnan para determinar los días en que se desarrollarán las próximas comparecencias.

No descartó la posibilidad de que se llame a comparecer a los apoderados legales de la CNDH y del propio comisario general de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Guerrero, Héctor González Valdepeña.

Indicó que los diputados pretenden hacerse de la mayor cantidad de elementos para poder emitir un dictamen apegado a derecho.

Mientras se desarrolla la valoración del juicio y la programación de las otras comparecencias, dijo que la Instructora espera que se den a conocer algunas resoluciones del Poder Judicial local y que algunas dependencias entreguen la información que se les requirió.

Hasta el momento los trabajos se desarrollan sin complicaciones, por eso Flores Majúl sostiene que hay la expectativa de que el asunto tendrá una solución adecuada y que se dejará el precedente que se necesita para que hechos como el del 12 de diciembre de 2011 no vuelvan a presentarse.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN