La historia de la familia asesinada que aterrorizó a los Testigos de Jehová en Juárez

Llorosos vecinos y amigos no terminan de entender la horrenda matanza de ocho miembros de una familia religiosa --incluidos tres niños--, una masacre que los fiscales de esta ciudad de la frontera con Estados Unidos dicen fue motivada por una deuda del equivalente a 115 dólares que el padre no podía pagar.

Unas 150 personas se reunieron la noche del miércoles en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová para un servicio religioso en homenaje a cuatro de los miembros de la familia de Máximo Romero Sánchez, un mecánico que además compraba vehículos usados para repararlos y venderlos.

"Era gente honorable, dedicada a los asuntos de la iglesia y a Dios. Venían a las reuniones de la iglesia todos los jueves y domingos", expresó el líder religioso Ismael Toribio. "Esto es algo inexplicable. Estamos en shock".

Los fiscales dijeron que los asesinos habían ido a la casa de la familia hacía un mes para tratar de cobrar 115 dólares que Romero Sánchez debía por el uso de un perro reproductor. El hombre les dijo que no tenía el dinero.

Los individuos regresaron el domingo a la vivienda de este barrio pobre y cuando Romero Sánchez les dijo nuevamente que no podía pagarles, ataron a la familia, los amordazaron y los mataron a puñaladas. Además de Romero Sánchez, fueron asesinados su esposa, sus hijos de cuatro y seis años y otros cuatro familiares, incluido uno de dos años.

Líderes de la iglesia dijeron que jamás oyeron que la familia tuviese problemas de ningún tipo.

"Uno se pregunta ¿por qué?", expresó el religioso Daniel Sierra ante la congregación. "Porque Satán es el gobernante de esta tierras".

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos el martes luego de encontrarles rastros de sangre en la ropa, según el subprocurador del estado de Chihuahua Enrique Villarreal Macías. También se ordenaron análisis de ADN de muestras tomadas de las uñas de las víctimas.

La desconfianza generalizada en el sistema judicial de Ciudad Juárez y sospechas de que se consiguieron confesiones de gente inocente a fuerza de torturas hicieron que los fiscales presentasen a los dos detenidos a la prensa y que los periodistas les hiciesen preguntas.

Ninguno de los dos parecía haber sido maltratado físicamente, pero solo uno de ellos, Jesús Mendoza Hernández, de 21 años, habló con los periodistas. Dijo que se había quedado haciendo guardia frente a la casa mientras el otro sospechoso, Edgar Luján Guevara, de 31 años, apuñalaba a la familia.

"Estaba cuidando la puerta de la casa, pero no maté a nadie", dijo Mendoza.

Añadió que escuchó gritos, ingresó a la vivienda y vio a Romero Sánchez y a una mujer muertos. Luego se alzó con 2.500 pesos (192 dólares) de los bolsillos y las carteras de las víctimas y se fue.

El fiscal Villarreal Macías dijo que hay otros dos sospechosos prófugos, que se cree participaron en las matanzas y ayudaron a apilar los cuerpos en camas, los de los tres niños encima de los de los cinco adultos. Mendoza Hernández, no obstante, dijo que él y Luján Guevara no tuvieron cómplices.

En la puerta de la casa de la familia hay cintas rojas de las que usa la policía para demarcar sitios donde se han cometido delitos. Las calles polvorientas del vecindario estaban desiertas y los vecinos no querían hablar de lo sucedido. La mayoría de las viviendas tienen pesadas cadenas y candados en sus puertas.

No hay por ahora una explicación clara de por qué fueron asesinados los tres niños, aunque los fiscales especulan que se debió a que al menos uno de los sospechosos conocía a la familia y no quería que lo delatasen.

Los investigadores parecen haber descartado que el crimen organizado haya estado involucrado en la matanza en esta ciudad sacudida por la violencia del narcotráfico.

"No podemos decir que estos son incidentes aislados, pero los elementos indican que (en este caso) los asesinos no se proponían matar a las víctimas. No llevaban armas de fuego" y usaron elementos que encontraron en la casa para amordazar y asesinar a la familia, expresó Villarreal Macías.

AP